El Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de Brasil rechazó este martes las peticiones del Ministerio Público Federal (MPF). El organismo había solicitado a tres instituciones suspender la licencia ambiental del proyecto Natureza de CMPC. El tribunal no encontró mérito.
El proyecto Natureza contempla una inversión de US$ 4.600 millones. Es el mayor desembolso que el grupo Matte ha realizado fuera de Chile. Se desarrolla en Barra do Ribeiro, en el estado de Rio Grande do Sul.
El fallo ratificó una decisión previa de primera instancia. El tribunal explicó que no se cumplieron los requisitos para que la causa prosperara. Tampoco encontró evidencia de daño grave, irreparable o de difícil reparación.
El escrito del juzgado fue preciso: «la pretensión de obtener una medida de tutela inhibitoria —de naturaleza manifiestamente preventiva— solo sería viable si se demostrara la existencia de una amenaza real o una probabilidad significativa de que se cometa un acto ilícito inminente». Esa prueba no existió.
CMPC celebró la resolución. La empresa señaló que el tribunal «ha rechazado la solicitud del MPF de suspender el proceso de licenciamiento del proyecto Natureza, permitiendo que su tramitación continúe conforme a lo previsto». Añadió que confía «en las instituciones brasileñas, en el sistema de justicia y en el trabajo técnico de los organismos competentes».
El proceso de licenciamiento ambiental continúa según lo planificado. CMPC indicó que seguirá «acompañando el desarrollo de este proceso con plena disposición a colaborar cuando sea necesario».
El mercado ya votó sobre lo que importa aquí: certeza jurídica. Un proyecto de US$ 4.600 millones no se ancla en un territorio sin reglas claras y tribunales que las respeten. Brasil acaba de demostrar que sus instituciones pueden contener el activismo fiscal cuando los hechos no lo sostienen. Eso es exactamente lo que el capital busca antes de comprometer recursos a esta escala.
La decisión también envía una señal más amplia. Las economías que protegen el proceso técnico de licenciamiento frente a presiones políticas o judiciales sin fundamento retienen inversión. Las que no lo hacen, la expulsan. El fallo de Barra do Ribeiro es un dato para cualquier empresa que evalúe dónde desplegar capital en América Latina.
