La sociedad civil tomó la iniciativa donde el aparato estatal no llegó. Tres organizaciones —la Fundación Hospital Ortopédico Infantil de Venezuela, la Fundación Juan Pablo Dos Santos y la Fundación Cirec de Colombia— crearon el Fondo Humanitario 77: Fe sin fronteras, destinado a dotar de prótesis, sillas de ruedas y terapias de rehabilitación a las personas que perdieron extremidades en los terremotos del 24 de junio.
La meta es recaudar 2 millones de dólares mediante donaciones internacionales. Para arrancar operaciones, la Fundación Cirec —institución colombiana con medio siglo de experiencia en rehabilitación de víctimas del conflicto armado— aportó un capital inicial de 1.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 277.000 dólares.
El plan no se limita a la entrega de dispositivos. Contempla el establecimiento de un centro de rehabilitación especializado en territorio venezolano para garantizar seguimiento médico continuo y terapias físicas de largo plazo. Los casos pueden registrarse a través de la plataforma digital habilitada en la página web de la Fundación Cirec.
Juan Pablo Dos Santos, líder de la fundación homónima y sobreviviente de doble amputación, señaló que el proyecto busca replicar la cadena de solidaridad que a él le permitió recuperar la movilidad.
El contexto es grave. Según el último balance del gobierno interino, los sismos dejaron 5.069 fallecidos y 16.740 heridos. Una fuente independiente —la agencia EFE— reportó 4.930 muertos al cierre del jueves. Las autoridades aún no han desglosado la cifra de personas que sufrieron pérdidas anatómicas. Esa ausencia de datos oficiales es, en sí misma, un dato: la magnitud de la crisis de movilidad sigue sin cuantificarse formalmente.
La Fundación Hospital Ortopédico Infantil aporta más de 80 años de trayectoria en ortopedia venezolana. La coalición incluye expresamente a niños entre los beneficiarios, a quienes los promotores califican como parte de una «crisis silenciosa» derivada de la catástrofe.
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Lo que ocurre aquí es una lección de economía aplicada: cuando el Estado carece de capacidad —o de voluntad— para responder, el capital privado y la sociedad civil llenan el vacío. Tres fundaciones, sin burocracia ni licitación, movilizaron recursos y expertise en semanas. El Fondo Humanitario 77 no es solo un gesto solidario; es evidencia de que la libre iniciativa organizada resuelve con mayor agilidad lo que los aparatos estatales administran con lentitud.
El reto ahora es la escala: 2 millones de dólares es un punto de partida, no un techo. Capital busca reglas claras, y en este caso también busca causas verificables. La plataforma de registro digital es el primer paso para que los donantes internacionales puedan auditar el destino de cada dólar. Eso, en un entorno de desconfianza institucional como el venezolano, vale tanto como el financiamiento mismo.
