Los números son directos. Strategic Promo Panamá, S.A. acumuló al menos 1.6 millones de dólares en contratos, órdenes de compra y gestiones de cobro con el Estado panameño entre 2025 y 2026. Al frente de esa sociedad figura Juan Carlos Pino, quien es al mismo tiempo gerente general de Next TV —cuya razón social es Compañía Digital de Televisión, S.A.—. El problema: mientras Strategic Promo facturaba al erario, Next TV aparecía en el listado de patronos morosos de la Caja de Seguro Social (CSS), con obligaciones pendientes que, según documentos revisados por La Prensa, superan el medio millón de dólares.
La ley orgánica de la CSS —Ley 51 de 2005, artículo 99— exige que toda empresa que quiera contratar con el Estado presente un certificado de paz y salvo o acredite un arreglo de pago vigente. La estructura utilizada esquiva ese requisito: en lugar de contratar directamente con la televisora morosa, las instituciones públicas firmaron con Strategic Promo, la sociedad comercializadora de espacios publicitarios en los mismos canales y plataformas de Next TV.
Entre los contratantes figura el propio Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), donde Pino se desempeñó como gerente entre 2009 y 2014. En 2026, Aitsa tramitó dos gestiones de cobro a favor de Strategic Promo por $32,727 cada una —total $65,454— más una orden de compra por $90,000 para difusión publicitaria en Next TV durante 11 meses. El Banco Nacional de Panamá aportó otros $90,000, y el Ministerio de la Presidencia adjudicó un contrato por $500,000 para campañas institucionales entre marzo y diciembre de 2026. En enero de ese año, la Presidencia tramitó además un pago de $122,369 por la divulgación de proyectos del Ejecutivo, entre ellos el tren Panamá-David-Frontera y el teleférico de San Miguelito.
El agente residente de Strategic Promo es Edgar Iglesias, quien fue gerente de Asesoría Legal de Aitsa durante la gestión de Pino. Según La Prensa, en julio de 2024 Iglesias fue designado agente residente del propio aeropuerto, pero fue despedido ante posibles conflictos de intereses: también fungía como agente residente de una empresa concesionaria de la terminal aérea.
Pino no respondió llamadas ni mensajes. La Secretaría de Comunicación del Estado tampoco contestó.
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El caso ilustra un patrón que el libre mercado no puede tolerar: la competencia desleal amparada en la arquitectura corporativa. Una empresa privada que no cumple sus obligaciones con la seguridad social queda, en teoría, excluida de la contratación pública. Cuando una sociedad paralela —mismo directivo, mismos canales, mismo servicio— recibe el contrato en su lugar, el mecanismo de control pierde todo sentido práctico.
Capital busca reglas claras. El dinero del contribuyente panameño merece, como mínimo, que el Estado verifique quién controla realmente la entidad que cobra. La transparencia en la cadena de propiedad no es burocracia: es la condición básica para que la competencia funcione y el erario no financie a quienes eluden sus propias obligaciones legales.
