La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Enel Colombia S.A. E.S.P., AES Colombia & Cía. S.C.A. E.S.P. y Celsia Colombia S.A. E.S.P. El cargo central: posible afectación a la libre competencia en el Mercado de Energía Mayorista.
Según la SIC, existen indicios preliminares de que entre 2022 y 2025 las tres compañías habrían presentado ofertas de precio en la Bolsa de Energía alejadas del costo de oportunidad del recurso hídrico. El regulador señaló que esas ofertas habrían sido elevadas pese a que las plantas registraban niveles de almacenamiento superiores al 90% de su capacidad útil de embalse.
La entidad advirtió que, de comprobarse las conductas, podrían haber afectado la formación eficiente del precio de la energía. También habrían favorecido el ingreso de tecnologías con mayores costos relativos y generado señales de mercado que no reflejarían la disponibilidad real del recurso hídrico.
La SIC aclaró que la formulación de cargos no constituye una sanción definitiva. Las empresas podrán ejercer su derecho a la defensa dentro del proceso administrativo.
La reacción del sector no se hizo esperar. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, calificó la decisión como «el remate de cuatro años de hostigamiento institucional contra el sector generador». Según Gutiérrez, el episodio no puede analizarse como un hecho aislado. Forma parte, en su lectura, de una serie de actuaciones que han presionado al sector durante el gobierno Petro.
Entre los elementos citados por la dirigente gremial figuran la imposición de cargas para sostener a un distribuidor intervenido y financieramente afectado, los cuestionamientos públicos contra las generadoras y los cambios en las reglas de juego. También mencionó lo que calificó como desconocimiento de la institucionalidad técnica y de la estructura del mercado eléctrico colombiano.
«Después de debilitar las señales de inversión, deteriorar la confianza y agravar los riesgos de abastecimiento, ahora, a pocos días del cambio de Gobierno, la SIC y la Superintendencia de Servicios Públicos intensifican investigaciones y anuncios», afirmó Gutiérrez. Ante ello, Acolgen solicitó a la Procuraduría General de la Nación un acompañamiento preventivo, integral y permanente sobre las actuaciones de las autoridades involucradas. El objetivo declarado: garantizar la independencia técnica, evitar instrumentalización política y proteger el debido proceso.
Lectura editorial. El momento del anuncio habla por sí solo. Formular cargos a días del cambio de gobierno no es un acto neutro; es una señal de mercado tan potente como las que la SIC dice investigar. Capital busca reglas claras, y un regulador que intensifica acciones en la recta final de una administración cuestionada por el sector privado no transmite precisamente certeza jurídica. La libre empresa necesita supervisión legítima. Lo que el mercado colombiano no puede permitirse es que la vigilancia estatal se convierta en instrumento de presión sobre los únicos actores dispuestos a invertir en generación. El riesgo país sube cuando el Estado persigue antes de probar.
