La Comisión de Hacienda del Senado sesionó siete horas en la sede del ex Congreso, en Santiago. El objeto: discutir indicaciones a la megarreforma tributaria del gobierno. El resultado: acusaciones cruzadas y un ministro en el centro de la tormenta.
La senadora Daniella Cicardini fue directa. «No puedo dejar de mencionar esta trampa que estaba haciendo el ministro Quiroz y salió pillado», declaró. Según Cicardini, el ministro habría cambiado cifras sobre la base de un acuerdo previo con senadores del PPD. «Llegar a un acuerdo con el gobierno es peligroso, porque el ministro no cumple su palabra», afirmó.
El impuesto corporativo fue el eje del conflicto. El senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, denunció que se «improvisaron cifras». Primero se propuso una rebaja al 22%, luego al 23%. Ibáñez calificó el proceso de «irresponsable». La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, confirmó que su bancada votó en contra de la rebaja sin compensación. «Me parece que el Ejecutivo no hizo los esfuerzos para haber hecho algún tipo de compensación», sostuvo.
Vodanovic también cuestionó los gestos atribuidos al senador Rojo Edwards. Según ella, Edwards presentó como concesión la retirada de una rebaja al 22% que «ni siquiera se había conversado». «Retirar una rebaja que no se sabía que se había hecho, la verdad es que no es ningún gesto», sentenció.
La invariabilidad tributaria no llegó a votarse. El presidente de la comisión, Javier Macaya, no la sometió a votación por proximidad del cierre de sesión. Vodanovic había anunciado la intención de la oposición de votarla durante esa jornada.
Ibáñez sumó otra crítica. Se rechazó una norma que buscaba impedir que ministros y parlamentarios se beneficiaran de la exención en el pago de contribuciones. El ministro Quiroz defendió el rechazo argumentando «libertad» y la no limitación de quiénes acceden al beneficio. También se rechazó la propuesta de alcaldes que limitaba la exención en contribuciones. Ibáñez lo calificó de «imposición» y «obsesión» del ministro.
La lectura de Ágora Capital. Lo que ocurrió en esa comisión no es un detalle procedimental. Es una señal de precio para el capital. Cuando las cifras cambian en mitad de una negociación, el riesgo regulatorio sube. Los inversionistas no necesitan leer las actas: leen la incertidumbre en los márgenes. Una reforma que improvisa tasas corporativas y enfrenta cuestionamientos de su propio bloque no ofrece las reglas claras que la libre empresa necesita para comprometer capital a largo plazo. El aparato estatal puede imponer la norma. Lo que no puede imponer es la confianza.
