El Senado de Estados Unidos bloqueó el avance de la Clarity Act en una votación procedimental que terminó 50-49, muy por debajo de los 60 votos necesarios para superar el obstáculo. El proyecto, respaldado por el presidente Donald Trump, quedó estancado tras meses de negociaciones para construir apoyo bipartidista.
La iniciativa buscaba crear un marco regulatorio general para la industria cripto, dividir la supervisión entre la Securities and Exchange Commission y la Commodity Futures Trading Commission, imponer requisitos de registro y fortalecer las reglas contra el lavado de dinero. También pretendía responder a las objeciones demócratas sobre ética y sobre los posibles beneficios que Trump y su familia obtienen de ventures en cripto.
Republicanos habían difundido una versión revisada del texto el domingo, con nuevas restricciones éticas para atender esas preocupaciones. No alcanzó. Tres republicanos —Susan Collins, Josh Hawley y Jerry Moran— votaron en contra, y la combinación con el rechazo demócrata hundió el intento de avanzar hacia el debate de fondo.
Desde el ala demócrata, Ruben Gallego dijo que el compromiso sobre ética habría «comprado muchos votos demócratas», pero acusó a los republicanos de preocuparse «más por asegurarse de que el presidente siga ganando dinero que por traer regulaciones». Antes de la votación, Cynthia Lummis había adelantado que si fallaba la maniobra procedimental «se acabó».
La derrota llega en un momento delicado para el sector. CNBC reportó que bitcoin cayó 3% y que las acciones de Coinbase y Circle retrocedieron 8% y 10%, respectivamente, en medio de una venta más amplia del mercado. Para la industria, el mensaje es claro: sin reglas federales, el capital seguirá moviéndose, pero con más incertidumbre, menor visibilidad y un riesgo país regulatorio más alto.
El mercado ya votó. Cuando Washington no fija reglas claras, la inversión se retrasa, los bancos más cautos esperan y los proyectos más pequeños quedan atrapados en una purgatorio legal, como dijo Nic Puckrin. Esa es la factura de una burocracia incapaz de cerrar un marco estable a tiempo.
También hay una lectura política inevitable. Con las midterms a siete semanas, la ventana para revivir la ley se achica y el costo recae sobre quienes buscaban una arquitectura predecible para capital y productividad. Capital busca reglas claras. Si el Congreso no las entrega, el flujo se desordena y la ventaja se la llevan los operadores con más tolerancia al riesgo.
