Luis Carlos Reyes denunció que él y su familia fueron objeto de una amenaza en su casa. En diálogo con La FM, el también exministro de Comercio aseguró que un láser verde fue apuntado «primero a la frente, luego al pecho y luego a la cabeza de cada uno de mis hijos» mientras estaban en el comedor de la vivienda.
Reyes explicó que, ante lo ocurrido, la familia llamó a la Policía y luego presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el episodio. En redes sociales, además, dijo que en los últimos meses ha recibido distintas formas de amenaza y hostigamiento contra él y su familia, y que esas situaciones fueron notificadas a la Fiscalía y la UNP.
El exdirector de la Dian añadió que, pese a esas alertas, se ha reducido su esquema de protección hasta volverlo insuficiente para proteger simultáneamente a su esposa y a sus tres hijos menores de edad. Ese punto es sensible porque Reyes es testigo en el proceso contra Diego Marín, alias «Papá Pitufo», señalado de liderar una red de contrabando.
La Fiscalía sostiene que personas cercanas a Marín habrían buscado ubicar fichas en cargos de la Dian para interferir en los controles sobre el ingreso de mercancías por los principales puertos del país. En ese expediente, Reyes ha señalado al excandidato al Senado Camilo Gómez Castro como una de las personas que, según su versión, estaría presuntamente vinculada con la organización de Marín.
También ha dicho que desde distintos sectores se hicieron solicitudes para que determinadas personas ingresaran a la Dian. Según su relato, entre quienes habrían hecho esas solicitudes estaban Juan Fernando Petro y congresistas del cuatrienio pasado.
El antecedente de estas denuncias se remonta a marzo del año pasado, cuando Reyes habló ante la Corte Suprema de Justicia y ratificó que durante su paso por la entidad recibió presiones por no acceder a otorgar puestos dentro de la Dian. Más tarde, en marzo de 2025, volvió a referirse al tema ante la Corte Suprema, donde dijo que parlamentarios de las comisiones económicas promovieron una reducción de $200.000 millones en el presupuesto de la entidad para trasladarlos a la UNGRD.
En el fondo, el caso vuelve a poner bajo la lupa la fragilidad institucional cuando el aparato estatal queda expuesto a presiones, hostigamiento y control político indebido. Si una entidad clave para los controles aduaneros opera bajo ese nivel de riesgo, el costo no lo asume solo un funcionario: lo paga el contribuyente y lo paga también la libre empresa.
Capital busca reglas claras. Cuando la protección falla y el Estado pierde capacidad de blindar a sus funcionarios, el mensaje para el mercado es directo: crece el riesgo país institucional. Y donde sube el riesgo, cae la productividad del sistema.
