El pasado 8 de diciembre, Daniel Quintero inscribió en un solo día cuatro sociedades: Quintero Calle Lawyers, NeuraTork Robotics, MEV Energy y Reeco Mining. Todas comparten el mismo domicilio registrado: un apartamento del edificio donde reside el exalcalde de Medellín, hoy superintendente de Salud, según documentó El Colombiano.
Cada sociedad tiene un capital suscrito de $10 millones, para un total de $40 millones en conjunto. En la declaración de bienes que presentó al posesionarse como superintendente, Quintero reportó ingresos por acciones de $32,5 millones y honorarios de $125,6 millones. La publicación señala que el rubro de acciones correspondería a su participación en Movisoft Ltda. —actualmente en liquidación— y a su condición de propietario único de las cuatro nuevas firmas.
Los portales, el primer problema. Quintero Calle Lawyers fue constituida el 8 de diciembre, pero su sitio web afirma contar con 15 años de experiencia, haber atendido más de 50.000 clientes y resuelto más de 40.000 casos, lo que equivaldría a más de 5.700 procesos exitosos por mes. El periodista Melquisedec Torres, quien reveló la existencia de las compañías, señaló además que las historias de clientes publicadas habrían sido elaboradas con inteligencia artificial. NeuraTork Robotics, por su parte, asegura disponer de más de 215 ingenieros y haber desarrollado más de 200 piezas para construir el primer robot humanoide colombiano.
Quintero respondió que no existe irregularidad alguna, que incluyó las empresas en su declaración de bienes y que «tiene empresas desde hace más de 25 años» que «nunca han contratado con el Estado». Explicó que NeuraTork busca desarrollar el robot humanoide, y que MEV Energy y Reeco Mining nacerían para proveer energía y minerales raros a ese proyecto. No ofreció explicación sobre el objeto específico de Quintero Calle Lawyers.
La hipótesis de las cámaras de comercio. La creación simultánea de múltiples sociedades abrió otro interrogante: cada empresa inscrita en una cámara de comercio representa un voto en la elección de sus dignatarios. Un antecedente ocurrió en 2012, cuando un grupo redujo ese mecanismo al absurdo en Barranquilla: de 1.545 personas jurídicas creadas en el período analizado, 1.483 estaban concentradas en apenas 72 personas naturales, compartían domicilios, representantes legales y contadores, y reportaban un solo empleado. Las irregularidades obligaron a repetir el proceso electoral.
Desde el punto de vista jurídico, constituir sociedades sin actividad económica no es por sí mismo ilegal, siempre que cumplan obligaciones tributarias y mercantiles. Sin embargo, la publicación advierte que si la información promocional no corresponde a la realidad, podría derivar en consecuencias legales.
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El patrón es conocido: estructura legal impecable en el papel, cifras imposibles en el escaparate y un funcionario público que gestiona su portafolio privado desde el mismo domicilio donde despacha como superintendente. Capital busca reglas claras, y las reglas exigen coherencia entre lo que se declara y lo que se opera. Cuando un portal de firma jurídica creada en diciembre reclama quince años de historia y cincuenta mil clientes, el mercado —y la ley— tienen el derecho de pedir cuentas. La libre empresa no es el problema; el problema es usarla como fachada.
