La policía británica aceptó que las órdenes de registro obtenidas para allanar propiedades vinculadas a Andrew Mountbatten-Windsor fueron emitidas de forma ilegal y deben anularse, aunque la investigación contra el hermano del rey Carlos III continúa abierta.
El juez Nicholas Hilliard, del Tribunal Superior, dijo que Thames Valley Police cometió un «error significativo» al solicitar la orden bajo la legislación utilizada en el caso. También señaló que la anulación de los registros no pone fin a la investigación ni implica que toda la pesquisa haya sido ilegal.
Thames Valley Police dijo que acepta que la decisión inicial de conceder las órdenes fue incorrecta. Un portavoz añadió que los procedimientos legales siguen en curso para decidir cómo se gestionará el material incautado y si puede retenerse «en apoyo de nuestra investigación en curso».
Mountbatten-Windsor fue arrestado en febrero, en su cumpleaños 66, bajo sospecha de misconduct in public office por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Fue liberado ese mismo día y permanece bajo investigación. El año pasado también le retiraron sus títulos reales tras sus conexiones con Epstein, quien murió en una prisión de Nueva York en agosto de 2019.
La policía registró su antigua residencia en Windsor, al oeste de Londres, y Sandringham, en el este de Inglaterra. Después, Mountbatten-Windsor presentó un desafío legal sobre la legalidad de las órdenes obtenidas. En la audiencia del jueves, Hilliard dijo además que la fuerza policial busca conservar la propiedad incautada, mientras que el propio Mountbatten-Windsor se opone. Esa cuestión no quedará resuelta hasta el próximo año.
Más allá del apellido, el caso expone algo básico: cuando la policía se equivoca en el uso de la ley, el costo institucional es real y la confianza pública se erosiona. La anulación de las órdenes corrige el error formal, pero no borra la necesidad de que el Estado justifique cada paso con reglas claras y procedimientos válidos.
También queda claro que la investigación sigue viva y que el litigio sobre el material incautado será parte central del proceso. En un sistema serio, el poder público no puede pedir atajos y después esperar que el resultado sobreviva sin control judicial. Los números primero: aquí lo decisivo no es el ruido mediático, sino el estándar legal que define hasta dónde puede llegar la autoridad.
