A seis días de abandonar la Casa de Nariño, el gobierno de Gustavo Petro emitió el decreto 0905 del 30 de julio de 2026. La decisión concentra en Edwin Palma Egea —actual ministro de Minas y Energía— responsabilidades formales sobre tres carteras simultáneas.
El decreto tiene alcance limitado. Palma no asume como titular permanente de Trabajo ni de Vivienda. Su designación es ad hoc: solo para resolver los asuntos concretos que motivaron cada nombramiento.
El caso Trabajo. El Consejo de Ministros aceptó el impedimento de Antonio Sanguino para resolver «la solicitud de recusación presentada en su contra como Superintendente de Subsidio Familiar encargado». La recusación la presentó Herber Andrés Mantilla Gómez, exdirector administrativo principal y exrepresentante legal de Comfamiliar Atlántico. Mantilla fue removido de su cargo. Luego denunció que Sanguino le reclamó en una reunión por un supuesto respaldo político a Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial. También cuestionó los fundamentos jurídicos de la Resolución 0527 del 6 de julio de 2026, mediante la cual la Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó la intervención administrativa total de Comfamiliar.
El caso Vivienda. Ruth Maritza Quedo Fique, ministra encargada de esa cartera, presentó impedimento para presidir la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). El asunto en cuestión: la expedición del marco tarifario del servicio público de aseo aplicable a los grandes prestadores. Gremios como Asocapitales y Andesco ya habían criticado ese marco tarifario. En Bogotá, el incremento anunciado ascendió hasta 6,67%.
El respaldo legal del decreto es el artículo 8 de la Ley 63 de 1923. Esa norma permite al presidente asignar la decisión de un asunto a otro ministro cuando el titular debe apartarse por impedimento o recusación.
La pregunta práctica es evidente: ¿tendrá Palma tiempo real para resolver ambos asuntos en seis días?
---
La concentración de tres despachos en un solo funcionario a horas del cierre de una administración no es un dato menor. Es el retrato fiel de cómo opera el aparato estatal cuando la gestión se posterga hasta el límite. Capital busca reglas claras; lo que produce esta arquitectura de último minuto es incertidumbre regulatoria, no certeza jurídica.
El marco tarifario de aseo ya impacta el bolsillo de los ciudadanos en ciudades como Bogotá. La intervención de Comfamiliar Atlántico enfrenta cuestionamientos de debido proceso según la parte recusante. Ambos asuntos merecían resolución ordenada, no un decreto de emergencia burocrática a seis días del relevo. El mercado y los contribuyentes colombianos pagan el costo de la improvisación.
