Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), salió a fijar posición sobre la megarreforma tributaria del gobierno chileno. Lo hizo en entrevista con Estado Nacional de TVN. Su mensaje fue claro: el PDG apoya aprobar la iniciativa, pero con cambios.
El punto más concreto es la invariabilidad tributaria. Parisi propone una tasa corporativa de 23%, más una prima de 1,5%, para inversiones superiores a US$50 millones, con una extensión de 20 años. «Nosotros creemos que lo más correcto sería 23 más 1,5 a 20 sobre 50, no tenemos ningún problema», afirmó. El argumento es directo: los proyectos mineros, viales e inmobiliarios necesitan certeza por sus largos plazos de ejecución.
Sobre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, Parisi fue cauteloso. Lo calificó de confiable, pero advirtió que «hay que saber negociar» con él. «Es un tipo duro, lo vivimos en carne propia en el PDG, pero hay que estar atentos», señaló. Anticipó, además, que el proyecto terminará en comisión mixta.
En materia de contribuciones, el diagnóstico del PDG es que la ley está mal diseñada. El cobro se define a nivel central, no desde los municipios. Parisi propone trasladar esa facultad a cada municipalidad y su concejo municipal. Citó el modelo de Florida, donde el valor de una propiedad queda fijado al momento de la compra y solo se reajusta al venderse. «Creo que es un abuso porque los salarios no se ajustan de la misma forma», sostuvo.
El capítulo del IVA fue el más directo. Parisi defendió el proyecto que busca devolver este impuesto en pañales y medicamentos. Estimó que podría aprobarse en dos o tres meses. «Es canalla cobrarle IVA a los medicamentos, es canalla cobrarle IVA a los pañales», afirmó. Agregó que la canasta básica —pan, leche, agua— debería tributar un IVA de 5%, aunque reconoció que eso requiere negociación.
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Las propuestas de Parisi apuntan en la dirección correcta. Certeza jurídica para el capital de largo plazo y alivio tributario para el consumidor de menor ingreso son dos caras del mismo principio: el sistema fiscal no debe castigar ni la inversión productiva ni el gasto básico.
El problema de fondo sigue siendo el diseño centralizado. Cuando el Estado nacional recauda contribuciones que debería administrar el municipio, el incentivo local desaparece. Capital busca reglas claras. Sin esa certeza, los proyectos de largo plazo simplemente no se ejecutan, y el costo lo paga el empleo, no el fisco.
