Panamá presentó a finales de julio su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, un documento que va más allá de una hoja de ruta tecnológica y plantea posicionar al país como hub confiable de innovación en IA para América Latina.
La propuesta se apoya en seis pilares: fortalecimiento del capital humano, gobernanza de datos, ciberseguridad, ética, inversión y aplicación sectorial de la inteligencia artificial. El plan aprovecha ventajas comparativas ya existentes —conectividad, estabilidad jurídica, ubicación geográfica y plataforma internacional de servicios— para orientar el desarrollo hacia sectores donde Panamá ya opera con ventaja: logística, servicios financieros, salud y turismo.
Uno de los elementos conceptuales más destacados es el tratamiento de la confianza como activo estratégico. La estrategia propone fortalecer la aplicación de normas de protección de datos personales, desarrollar capacidades institucionales en ciberseguridad e impulsar un mecanismo de sandbox —espacio controlado de prueba— que permita innovar sin sacrificar la seguridad jurídica.
Sin embargo, el propio análisis del plan señala una paradoja: tal como está expuesto, ese sandbox sería excluyente de otras tecnologías emergentes, como las fintech, que han esperado un beneficio equivalente durante casi dos décadas. La coherencia regulatoria será, por tanto, una prueba temprana de la seriedad del compromiso.
La estrategia también evita la trampa del voluntarismo tecnológico: en lugar de pretender competir con las grandes potencias en el desarrollo de modelos de IA de propósito general, apuesta por soluciones de alto valor agregado donde el país ya posee ventajas comparativas reales. Es una lectura pragmática del riesgo país y del capital disponible.
Los desafíos que el plan reconoce son sustanciales: decisiones automatizadas, transparencia algorítmica, responsabilidad legal por sistemas autónomos, tratamiento masivo de datos personales, propiedad intelectual sobre contenidos generados por IA, sesgos algorítmicos y riesgos crecientes de ciberseguridad. Ninguno de estos puede resolverse solo desde la ingeniería; todos exigen visión jurídica, ética y de política pública.
Para que la estrategia pase del papel a los resultados, los especialistas identifican cuatro condiciones: coordinación institucional efectiva, indicadores de seguimiento medibles, asignación de recursos suficientes y colaboración permanente entre gobierno, academia, sector privado y sociedad civil.
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Desde Ágora Capital, el diagnóstico es claro: Panamá ha redactado un plan que respeta la lógica del libre mercado —no crea monopolios estatales ni pretende sustituir al sector privado— y que apuesta por la seguridad jurídica como ventaja competitiva. Eso es exactamente lo que el capital busca antes de comprometer flujos en cualquier jurisdicción.
El riesgo no está en el diseño; está en la burocracia de implementación. Si la coordinación institucional se convierte en laberinto y los recursos se diluyen en gasto corriente, la estrategia quedará como un documento de relaciones públicas. El gobierno de Mulino tiene aquí una oportunidad concreta de demostrar que estabilidad jurídica e innovación no son conceptos contradictorios, sino el mismo activo visto desde ángulos distintos. El mercado regional tomará nota.
