El Municipio de Panamá convocó una reunión de homologación a la que acudieron ocho empresas interesadas en el proyecto «Mejoramiento de piscinas en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia». El precio de referencia fijado por la administración municipal asciende a $4.5 millones, incluido el ITBMS.
El monto cubre obras de rehabilitación, suministro e instalación de equipos y un componente de mantenimiento preventivo y correctivo por tres años. Para establecer esa cifra, el Municipio utilizó el Manual de Costos Directos de la Contraloría, estudios de mercado y cotizaciones de proveedores.
Las cuatro instalaciones —Alma Osorio, San Miguel, Villa Cáceres y San Francisco— presentan un deterioro que, según las evaluaciones técnicas realizadas, exige reconstrucciones parciales y adecuaciones en sistemas hidráulicos y de filtrado, más allá del mantenimiento rutinario. Un proceso de contratación anterior fue cancelado antes de que se efectuara la revisión técnica que derivó en el proyecto actual.
El alcance de la obra incluye trabajos civiles en los vasos de las piscinas, renovación de áreas húmedas, vestidores, duchas y graderías, adecuación de cuartos técnicos, nuevas redes de plomería y electricidad, impermeabilización y revestimientos especializados. El pliego también contempla urbanismo, paisajismo, mobiliario urbano y mejoras de accesibilidad.
Durante la homologación, representantes de Consorcio Gecob Manare y Geopools Panamá, S.A. plantearon consultas sobre requisitos de experiencia técnica —entre ellos, la construcción de piscinas con capacidad mínima de 500 metros cúbicos— y sobre los materiales de revestimiento. También se discutió la incorporación de elevadores para personas con discapacidad y adultos mayores en las instalaciones de Betania, así como la posibilidad de reubicar los cuartos de manejo de químicos en San Francisco.
Las propuestas técnicas y económicas deberán presentarse el próximo 13 de agosto, fecha que marcará el inicio de la etapa decisiva del proceso.
Lectura editorial. Un contrato de $4.5 millones financiado con recursos municipales para rehabilitar infraestructura que ya debió mantenerse en condiciones operativas plantea una pregunta directa: ¿cuánto costó el deterioro acumulado por falta de mantenimiento oportuno? La competencia de ocho empresas es una señal positiva —más oferentes implican mayor presión sobre el precio final y mejores condiciones para el contribuyente—, pero el proceso solo generará valor real si la adjudicación respeta criterios técnicos y el componente de mantenimiento posterior se ejecuta con la disciplina que no hubo antes. Capital busca reglas claras; la ciudadanía, instalaciones que funcionen.
