La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el martes una orden ejecutiva que impone una moratoria de hasta un año sobre la construcción de nuevos centros de datos que consuman más de 50 megavatios de potencia. La medida entra en vigor de inmediato y convierte a Nueva York en el primer estado de Estados Unidos en ejecutar una prohibición de este tipo a nivel estatal.
La orden suspende la emisión de permisos ambientales para instalaciones «hiperescala» —incluidas aquellas que ya aguardaban aprobación— mientras el estado elabora un marco regulatorio que, según la gobernadora, proteja la red eléctrica, el medioambiente y las comunidades locales. Quedan excluidos hospitales, universidades y centros de datos de menor escala.
«El desarrollo de centros de datos amenaza con elevar las facturas de servicios públicos, agotar nuestros recursos naturales y crear incertidumbre para los neoyorquinos», declaró Hochul, según recogieron varios medios. La gobernadora también anunció que buscará legislación para eliminar las exenciones fiscales sobre ventas que actualmente benefician a los grandes centros de datos.
La orden ejecutiva se superpone a una ley aprobada el mes anterior por la legislatura estatal que contemplaba una moratoria similar de un año, pero que además exigía estándares de salario sindical prevaleciente y requisitos de energía renovable. Hochul no ha firmado aún esa legislación, aunque la está evaluando.
El respaldo popular a la medida es real: una encuesta de la Universidad Siena publicada el mes pasado indica que aproximadamente la mitad de los votantes de Nueva York considera positiva la moratoria, frente a un 21% que la ve como algo negativo. A escala nacional, una encuesta de Gallup publicada en mayo señala que el 71% de los estadounidenses se opone de alguna forma a la instalación de centros de datos en sus comunidades, una proporción superior al 53% que rechaza las plantas de energía nuclear.
Otros estados han intentado caminos similares sin éxito. Maine fue el primero en aprobar legislación que prohibía nuevos centros de datos hasta noviembre de 2027, pero la gobernadora demócrata Janet Mills vetó la norma en abril. Estados como Washington, Wisconsin, Illinois, Pennsylvania, New Hampshire, Connecticut y Carolina del Sur tienen legislación avanzando. Gobernadores demócratas como Gavin Newsom de California, Gretchen Whitmer de Michigan y Josh Shapiro de Pennsylvania han mostrado, en cambio, apoyo a la expansión de estos proyectos en sus territorios.
Desde Ágora Capital, la lectura es directa: una orden ejecutiva que congela permisos de inversión privada —sin plazo fijo y con un marco regulatorio aún por definir— es, en el mejor de los casos, incertidumbre jurídica; en el peor, un desincentivo estructural para el capital tecnológico. Nueva York acaba de señalar a los grandes operadores de infraestructura digital que el riesgo regulatorio en el estado es real y medible. El mercado ya tomará nota: cada dólar que no se invierta en Nueva York buscará reglas claras en otro lugar. La gobernadora llama a esto «liderar»; el capital lo llama otra variable de costo.
