El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el 16 de julio un paquete de 18 proyectos de ley aprobados por la Legislatura estatal. La firma ocurre cuando quedan menos de cuatro meses para las elecciones generales del 3 de noviembre, según el comunicado oficial de la gobernación. Newsom entrega el cargo el 1° de enero de 2027.
El conjunto abarca infraestructura, educación, medio ambiente, vivienda, transporte, administración pública, justicia y energía. Sus disposiciones alcanzan a organismos estatales, gobiernos locales, escuelas, empresas, tribunales y agencias públicas. Algunas iniciativas fueron declaradas de urgencia y entraron en vigor de inmediato.
Las diez leyes de la Asamblea
De los diez proyectos originados en la Asamblea, la AB 35 exime de ciertos requisitos del Procedimiento Administrativo la elaboración de guías para programas financiados por el bono ambiental de la Proposición 4 de 2024, manteniendo supervisión legislativa y participación pública.
La AB 1781 modifica normas del sector de seguros para proteger derechos de los Federal Home Loan Banks sobre garantías presentadas por aseguradoras. La AB 1951 adapta las reglas sobre pago de tasas judiciales para incluir tarjetas de crédito, transferencias electrónicas y otros medios, y establece un nuevo procedimiento de reembolso para proveedores de presentación electrónica.
La AB 2003 reemplaza el esquema de capacitación para la prevención del suicidio escolar: la Behavioral Health Services Oversight and Accountability Commission desarrollará un nuevo programa para personal educativo, estudiantes desde los 13 años y familias, con reportes anuales sobre evaluaciones de riesgo.
La AB 2018 amplía el uso de la base estatal de ADN a todos los casos de personas desaparecidas, vivas o fallecidas, e incorpora reglas sobre conservación de muestras genéticas. La AB 2175 permite que empresas de logística y manufactura accedan, bajo condiciones específicas, a la agregación de múltiples medidores en programas de generación eléctrica renovable.
La AB 2324 incorpora el rol de los jóvenes cuidadores familiares en los estándares curriculares de educación técnica y profesional, con orientaciones para reconocer esas tareas como experiencia laboral educativa. La AB 2333 extiende hasta el 1° de enero de 2028 las protecciones legales aplicables a organizaciones privadas que prestan servicios en el sistema de bienestar infantil.
La AB 2559 exige que ciudades y condados devuelvan íntegramente los depósitos o garantías exigidos para permisos de construcción cuando el solicitante demuestre haber cumplido las normas sobre manejo de residuos de demolición. La AB 2781 actualiza los montos que determinan distintas tasas judiciales en causas civiles y de menor cuantía.
Las ocho iniciativas del Senado se concentran en contratación pública, vivienda, transporte, regulación administrativa, recursos costeros y funcionamiento interno del Estado; varias modifican normas existentes para extender programas o actualizar procedimientos.
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El mercado ya votó sobre el modelo regulatorio de California: cada nueva capa de requisitos administrativos eleva el costo de hacer negocios en el estado más poblado de la nación. Medidas como la AB 2559, que obliga a devolver garantías de construcción, apuntan en la dirección correcta —el Estado devolviendo dinero en lugar de retenerlo—, pero el grueso del paquete amplía programas, crea comisiones y añade reportes obligatorios. Capital busca reglas claras; lo que California sigue exportando es burocracia.
