El precio del crudo superó los US$90 por barril luego de que nuevas tensiones en el estrecho de Ormuz —por donde circula más del 20% del petróleo mundial— rompieron la tendencia a la baja que había devuelto el barril al rango de los US$70, alejándolo de los más de US$100 registrados al inicio del conflicto.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció la presión sobre los combustibles y abrió la puerta a usar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). «Vamos a tener que estudiar la situación. Quiero recordarles que el Mepco sigue funcionando, nunca se ha terminado. Dispone de parámetros como para ir hacer ajustes», declaró.
La señal más relevante fue la comparación con el episodio anterior: cuando el gobierno neutralizó el Mepco, la justificación fue la situación fiscal de Chile. Esta vez, Quiroz marcó diferencia. «Hoy día tenemos una situación presupuestaria que la podemos prever con mayor certeza. Por lo tanto, vamos a tomar todo eso en consideración y además mirar los datos hasta el último día», agregó, reconociendo la volatilidad del escenario en Oriente Medio.
El precio de las bencinas se ajusta cada tres semanas y acumula dos bajas consecutivas tras el alza histórica. Sin embargo, la brecha por recuperar sigue siendo significativa: la bencina de 93 octanos aún debe bajar $196,9 por litro, la de 97 octanos $206,3 y el diésel $231,1 por litro para recuperar todo lo perdido.
Según información de Pulso, las bencinas volverían a subir $30 a fines de julio como consecuencia de la escalada bélica.
Lectura editorial. El Mepco es, en esencia, un subsidio de precio administrado por el Estado: cuando funciona, el contribuyente absorbe parte de la volatilidad del mercado internacional. La pregunta relevante no es si el mecanismo «sigue activo», sino cuánto espacio fiscal real existe para sostenerlo sin comprometer otras partidas del presupuesto. Que el ministro Quiroz hable de «mayor certeza presupuestaria» es una señal positiva, pero la historia reciente —la neutralización del mecanismo y el alza histórica que le siguió— recuerda que el aparato estatal tiende a diferir los ajustes hasta que el costo político supera al costo fiscal. Capital y consumidores necesitan reglas claras, no promesas de monitoreo diario.
