La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, encendió una controversia la semana pasada al sostener que los recursos que los beneficiarios reciben de la Afore de un trabajador fallecido deberían pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En sesión de la Corte, Batres respaldó un proyecto que buscaba establecer como criterio obligatorio que esos recursos constituyen un ingreso gravable. Su argumento: «Hay una situación injusta respecto de que no se gravan el legado ni la herencia, pero no se resuelve exentando estos pagos». Agregó que quien recibe una herencia o los fondos de una Afore «no los genera con su propio trabajo».
La reacción fue inmediata y transversal. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la propuesta en su conferencia del 9 de julio: «No creemos en que se graven las herencias. Se gravan en casi todos los países del mundo, no es algo extraño, pero no es un planteamiento que nosotros haríamos». El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, fue igualmente categórico: «Hasta ahora no tenemos ninguna iniciativa».
Desde el Poder Judicial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) argumentó que los ahorros para el retiro forman parte del patrimonio construido por los trabajadores durante su vida laboral y que su transferencia a los beneficiarios responde a la finalidad de brindar protección económica a las familias.
El marco internacional
La ley mexicana vigente exenta las herencias y legados del ISR. Según un análisis de la OCDE, 24 de sus países miembros cuentan con algún tipo de impuesto sobre herencias; varios otros, en cambio, lo han eliminado. Australia lo derogó en 1979, Nueva Zelanda en 1992, Austria en 2008, Suecia en 2004 y Noruega en 2014. La OCDE atribuye esas derogaciones a las dificultades administrativas para calcular el valor real de los patrimonios, los costos de implementación y el argumento de que los bienes heredados ya fueron gravados durante la vida del propietario.
Japón, Francia, Alemania, España, Bélgica, Italia y Países Bajos mantienen el gravamen, aunque con diferencias en tasas, montos exentos y reglas según el parentesco.
Lectura editorial
El episodio ilustra con precisión el riesgo de dejar que el activismo judicial fije la agenda tributaria de un país. Los ahorros depositados en una Afore son salario diferido: el trabajador ya pagó ISR sobre ese ingreso cuando lo devengó. Gravar su transferencia a los beneficiarios equivale a cobrar dos veces por el mismo flujo, un principio que incluso la OCDE reconoce como argumento legítimo para eliminar estos impuestos.
Que la propuesta haya sido rechazada por la presidenta, por el bloque legislativo oficialista y por el propio Poder Judicial antes de tomar forma revela que el costo político de tocar el patrimonio familiar sigue siendo demasiado alto, incluso para un gobierno con mayoría calificada. El capital y las familias mexicanas obtuvieron esta semana una señal de estabilidad fiscal; la pregunta es si la señal durará más que el ciclo de noticias.
