El anuncio del vicepresidente José Manuel Restrepo sobre proyectos mineros del Tolima para inversionistas internacionales desató una nueva controversia política. La discusión se concentró en los minerales críticos, la soberanía de los recursos naturales y el alcance de los acuerdos con Estados Unidos.
Restrepo dijo en entrevista con Caracol Radio que el Gobierno identificó «proyectos estratégicos» que eventualmente pueden llevarse a la Milagro Week, en Nueva York, entre el 16 y el 19 de noviembre. Según explicó, también se evaluaron iniciativas en agroindustria, logística, servicios basados en conocimiento, turismo y energía.
La prioridad, afirmó, es presentar proyectos suficientemente avanzados y con posibilidades reales de conseguir financiación. Ese es, en teoría, el camino correcto: capitalización, reglas claras y flujo de inversión para actividades con potencial productivo.
Pero la reacción política fue inmediata. Congresistas de oposición, exfuncionarios y dirigentes regionales pidieron saber cuáles son los proyectos, en qué municipios estarían ubicados y qué garantías existirían para proteger ecosistemas y asegurar que los beneficios económicos lleguen a las comunidades.
Uno de los primeros en cuestionar el anuncio fue el representante a la Cámara por el Tolima Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico. Aseguró que el Gobierno desconoce decisiones de las comunidades y recordó las consultas populares de Piedras y Cajamarca. En este último municipio, señaló, más del 98% de los votantes rechazó la megaminería en la consulta popular de 2017.
Hincapié advirtió que su bancada se opondrá a proyectos mineros a gran escala en el departamento y que la oposición podría impulsar movilizaciones. También expresó preocupación por las fuentes hídricas y por las dinámicas sociales de las poblaciones cercanas a las explotaciones.
Las críticas no se quedaron en el Tolima. El senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, pidió explicaciones sobre los minerales y proyectos que el Gobierno pretende presentar en Nueva York, las empresas interesadas y la relación de esas iniciativas con los acuerdos suscritos con Estados Unidos para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras.
Sánchez también cuestionó la falta de información pública sobre los instrumentos de cooperación bilateral. Según dijo, cuando solicitó explicaciones sobre el memorando relacionado con minerales críticos, recibió como respuesta que los documentos estaban bajo reserva.
El exministro de Minas y Energía Andrés Camacho también puso reparos sobre la soberanía nacional, la industrialización y el beneficio para los colombianos. La representante Ana Erazo y el congresista Santiago Osorio manifestaron objeciones similares sobre la promoción de recursos minerales ante capitales extranjeros.
La discusión deja un dato político y económico a la vista: el Estado quiere atraer inversión, pero aún no logra disipar dudas sobre qué ofrecerá, bajo qué condiciones y con qué respaldo institucional. Capital busca reglas claras. Cuando la burocracia deja zonas grises, el retorno sube de precio y la inversión se enfría.
En el fondo, el choque no es solo por un proyecto minero. Es por quién decide sobre los recursos y quién asume el costo de la incertidumbre. Si el Gobierno quiere atraer capital, tendrá que demostrar que la propiedad, la seguridad jurídica y la información pública valen más que la improvisación política.
