Javier Milei anunció un paquete de medidas para sancionar a las empresas que operan en hidrocarburos en las Islas Malvinas/Falkland sin autorización argentina. En un discurso transmitido por la televisión nacional, dijo que enviará al Parlamento un proyecto de ley titulado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El mandatario busca enmendar la Ley 26.659 para imponer sanciones más severas a las empresas que extraen hidrocarburos o realizan actividades relacionadas con la exploración de los recursos naturales de las islas. Según el jefe de Estado, las sanciones también se extenderán a accionistas, directores ejecutivos y proveedores vinculados a esas operaciones.
«Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho; no hay debate al respecto», dijo Milei desde la Casa Rosada. Luego agregó: «Las Islas Malvinas, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las correspondientes zonas marítimas e insulares, son argentinas. Por historia y por ley».
Además del proyecto de ley, Milei firmó un decreto de emergencia para ampliar los recursos económicos, militares y de telecomunicaciones en una base naval ubicada en la provincia de Tierra del Fuego. La instalación comenzó a construirse en 2022, durante la administración de Alberto Fernández.
El proyecto también pretende que las empresas de hidrocarburos firmen declaraciones juradas de «cumplimiento soberano» para acceder al Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), el programa de incentivos fiscales de Milei destinado a estimular la inversión extranjera. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina sostiene que iniciará procedimientos sancionadores contra 45 personas y empresas por presuntas infracciones relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las islas.
Hasta el momento, compañías petroleras como SLB, Halliburton y Baker Hughes han confirmado que no harán negocios con las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion, en las Islas Malvinas, para respetar la soberanía argentina sobre las islas y evitar operaciones con los «Kelpers». La plataforma Sea Lion, ubicada a unos 220 kilómetros al norte de las islas, es operada por la compañía israelí Navitas Petroleum y la firma británica Rockhopper Exploration. Según Reuters, el yacimiento cuenta con reservas estimadas de 1.700 millones de barriles de petróleo.
Milei estimó que ambas empresas planean iniciar trabajos de extracción en los últimos meses de este año y afirmó que debe actuar con urgencia para evitar la violación de los derechos territoriales de los argentinos. Las empresas sostienen que poseen licencias de explotación válidas otorgadas por las autoridades británicas y que cualquier política adoptada por el gobierno de Milei no afectará sus operaciones.
El mercado ya votó con cautela: varias firmas globales prefieren no exponerse a un conflicto de soberanía que eleva el riesgo país y deja en evidencia cuánto depende la capitalización de un proyecto de reglas claras. Capital busca reglas claras.
Para Argentina, la discusión no es solo geopolítica. También es institucional: Milei intenta condicionar incentivos fiscales a un juramento de adhesión soberana, en una señal de que el Estado quiere usar la caja y la regulación como palanca política. En libre empresa, ese tipo de mecanismo puede encarecer el flujo de inversión que el propio gobierno dice querer atraer.
