El gobierno de Javier Milei anunció el 7 de septiembre de 2026 que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Las firmas apuntadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La acción se radicará en la Cámara Federal porteña. El canciller Pablo Quirno encabezará la presentación, con patrocinio del procurador del Tesoro Sebastián Amerio. La base legal es el artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
El texto oficial señala que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para operar en el área bajo el proyecto Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones vulneran la normativa argentina sobre recursos naturales en torno a las islas.
La denuncia no se circunscribe a las sociedades: alcanzará a «todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados» que hayan participado en los hechos investigados.
Sea Lion es el proyecto que concentra la ofensiva legal. El campo fue descubierto en 2010, se ubica a unos 220 kilómetros al norte de las islas y a 450 metros de profundidad. Navitas Petroleum controla el 65% y Rockhopper Exploration el 35%. A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, paso que en la industria indica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya fueron completadas y el proyecto fue considerado viable.
La Cancillería había rechazado esa decisión en diciembre de 2025 y calificó a las firmas como licenciatarias ilegítimas. También sostuvo que la operación contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El viernes previo al anuncio, el Gobierno ya había informado que la Cancillería abriría procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas, incluyendo accionistas y empresas de servicios vinculadas a las operadoras.
En paralelo, Milei instruyó al ministro de Economía Luis Caputo para que el proyecto de Presupuesto 2027 —que debe llegar al Congreso el 15 de septiembre— contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos de seguridad nacional.
Lectura editorial. La movida combina dos frentes que el mercado suele leer por separado: soberanía de recursos y señal fiscal. Que la misma instrucción presidencial que activa la denuncia penal también ordene reforzar el presupuesto de defensa indica que Milei apuesta a que el reclamo soberano tenga músculo operativo, no solo retórica diplomática. Para los inversores en el sector energético, el mensaje es nítido: Argentina considera ilegítima cualquier licencia otorgada por Londres sobre su plataforma continental y está dispuesta a perseguir judicialmente a quienes operen bajo esa cobertura. Capital busca reglas claras, y en este caso Buenos Aires acaba de trazar la suya con nombre, apellido y número de ley.
