La Alcaldía de Medellín y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) suscribieron un convenio por $5.000 millones para proteger y recuperar las cuencas abastecedoras del Oriente antioqueño, en respuesta directa al fenómeno de El Niño.
La distribución de recursos es clara: el Distrito aporta $3.500 millones y Cornare $1.500 millones. El plazo de ejecución inicial es de seis meses.
Por qué importa la cifra del 58%
El embalse La Fe suministra aproximadamente el 58% del agua potable que llega a los hogares del Valle de Aburrá. Medellín, según la propia Administración Distrital, depende en gran medida de fuentes ubicadas fuera de su territorio, en particular de los embalses La Fe y Riogrande II. Cualquier deterioro de las cuencas que los alimentan se traduce directamente en riesgo de desabastecimiento para millones de personas.
Dónde actúa el convenio
Las intervenciones se concentran en los municipios de El Retiro, La Ceja, La Unión, Abejorral y El Carmen de Viboral. Las áreas estratégicas incluyen la cuenca del río Arma, las subcuencas de El Buey, Piedras y Pantanillo, y las quebradas Las Palmas, Espíritu Santo y La Agudelo.
El mecanismo: pagar por conservar
Parte central del acuerdo es el fortalecimiento del programa de Pago por Servicios Ambientales, mediante el cual propietarios de predios rurales reciben incentivos económicos por conservar bosques, nacimientos de agua y zonas de alto valor ambiental. También se potenciará el programa BancO2, que reconoce económicamente a familias campesinas que protegen bosques y fuentes hídricas en sus territorios.
La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, señaló que la alianza busca consolidar procesos de conservación en predios privados mediante pagos por servicios ambientales y proyectos de restauración ecológica.
El convenio también fortalecerá el Fondo del Agua, mecanismo orientado a asegurar inversiones permanentes para la conservación de las cuencas abastecedoras.
Lectura de Ágora Capital
Este convenio ilustra un principio que el libre mercado lleva décadas defendiendo: cuando se le pone precio al servicio ambiental y se remunera al propietario privado por conservar, el incentivo funciona mejor que la prohibición. El Pago por Servicios Ambientales no es gasto público improductivo; es capital asignado a quien tiene la tierra y la responsabilidad directa sobre el recurso. El resultado es más eficiente que cualquier regulación coercitiva.
El riesgo real aquí no es climático sino institucional: seis meses de vigencia inicial es un horizonte corto para ecosistemas que requieren décadas de recuperación. Capital busca reglas claras y permanentes. Si el Fondo del Agua logra convertirse en un mecanismo de financiamiento estable y predecible, el modelo puede escalar. Si queda atado a ciclos electorales o a la discrecionalidad del gasto distrital, el embalse La Fe seguirá siendo una apuesta a la suerte cada vez que llegue El Niño.
