Dos pequeñas empresas estadounidenses presentaron el viernes una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. El objetivo: bloquear los nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% que la administración Trump impuso a las importaciones de unas 60 economías.
La acción judicial la interpuso el bufete Liberty Justice Center. Es el mismo despacho que logró que la Corte Suprema anulara los llamados «aranceles recíprocos» emitidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Esta vez, el argumento cambia de ley pero no de fondo. La administración Trump amparó los nuevos gravámenes en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La justificación oficial: una investigación sobre el presunto incumplimiento de unas 60 economías en materia de trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.
Los abogados demandantes rechazan esa lectura. Sostienen que los nuevos aranceles no reflejan el «análisis específico por país» que el Congreso exigía al aprobar la Sección 301. En su escrito, argumentaron que la medida no es «una autorización independiente para gravar prácticamente todas las importaciones procedentes de prácticamente todos los socios comerciales con tipos seleccionados para replicar el régimen arancelario invalidado de la IEEPA».
El contexto es relevante. Los aranceles del artículo 122, que Trump había impuesto como puente tras la anulación de la IEEPA, expiraron el viernes. La Casa Blanca actuó el jueves para no dejar vacío arancelario. La Sección 301 es ahora el tercer instrumento legal que la administración ensaya para sostener su política comercial restrictiva.
Los portavoces del representante comercial, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron a las solicitudes de comentarios al cierre de esta edición.
La demanda quedó presentada el mismo día en que los nuevos aranceles entraron en vigor. El tribunal deberá decidir si dicta una suspensión a más largo plazo de la política.
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Desde Ágora Capital, el patrón es claro. Cada vez que el aparato ejecutivo construye una barrera arancelaria, el sistema judicial la examina. Eso es, en principio, el Estado de derecho funcionando. El problema de fondo es distinto: la incertidumbre regulatoria tiene un costo real para la libre empresa. Las cadenas de suministro no esperan sentencias. El capital busca reglas claras, y tres instrumentos legales distintos en pocos meses no las ofrecen. El mercado ya votó sobre eso.
