La Justicia avanza sobre el patrimonio vinculado a Sur Finanzas y ordenó que 26 vehículos secuestrados pasen a la Corte Suprema para una utilidad social en áreas judiciales o de seguridad.
Entre los bienes figuran cuatro camionetas Toyota, tres Audi y la Ferrari California descapotable negra que Ariel Vallejo estacionaba frente a la sede de su empresa. También aparecen cuatro Mercedes Benz y dos Alfa Romeo, además de motocicletas y otros autos ya detallados en el expediente.
El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, a cargo de la causa, dispuso la medida en el marco de una investigación iniciada en noviembre pasado tras una denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva y lavado de dinero. La asignación a la Corte es provisoria y se apoya en el artículo 23 del Código Penal, según el fallo citado en la causa.
La pesquisa busca además determinar si fue genuino y tributado el movimiento de cerca de $818 mil millones de pesos a través de la billetera virtual de Sur Finanzas PSP, que continúa inhabilitada. La causa también alcanzó a Vallejo por una presunta maniobra de ocultamiento con la Ferrari, que según los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco fue vendida de manera simulada a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto de compra.
La decisión judicial no se quedó en los vehículos. Ayer, Rodríguez Ponte le prohibió a Vallejo prestar «servicios financieros» y notificó la medida a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La restricción incluye además su participación en proveedores de servicios de pago o en cualquier entidad que preste servicios financieros mientras dure la medida.
La reapertura de Sur Finanzas había sido celebrada por Vallejo en redes sociales, pocos días antes de que el juez endureciera el cuadro. El empresario había dicho que volvía a abrir las puertas y a trabajar, pero la causa siguió sumando medidas sobre su estructura y sus activos.
Rodríguez Ponte también ordenó operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres clubes que tenían vínculo con Sur Finanzas. El expediente ya no mira solo a una financiera: mira la red de relaciones, los bienes y el flujo de fondos que la Justicia quiere preservar para el decomiso, la pena pecuniaria y las costas que puedan surgir.
Capital busca reglas claras. Cuando un caso de presunta evasión y lavado escala hasta tocar una billetera virtual, una financiera y vínculos con clubes, el costo de la opacidad deja de ser abstracto. La señal para el mercado es directa: sin trazabilidad, sin control y sin cumplimiento tributario, el riesgo país de cualquier operador sube de inmediato.
También hay una lección para el sistema financiero y para la política: la libertad de empresa no es una patente para mover fondos sin rendición de cuentas. El Estado debe ser limitado, pero no ausente cuando aparecen indicios de fraude, ocultamiento y posibles maniobras para eludir embargos. Los números primero.