El Gobierno se prepara para semanas decisivas en su intento de conseguir votos para aprobar la Reforma Política y el Presupuesto 2027. Funcionarios de primera línea que viajaron la semana pasada a París con 13 gobernadores reconocieron que habrá demostraciones concretas para cerrar acuerdos políticos de cara al próximo año.
En ese marco, el gabinete busca reducir la incertidumbre que pesa sobre el mercado y mostrar una alianza táctica con mandatarios provinciales aliados. La lógica es clara: avanzar con la suspensión de las PASO y con la planificación presupuestaria, mientras se ofrece a los jefes provinciales una competencia electoral «mermada» que les permitiría retener poder en sus distritos.
La primera señal llegará este martes en Salta. Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asistirán a la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en la Puna, en el marco de una inversión del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, el RIGI. También viajarán Ignacio Devitt y Fabián Fernández.
La comitiva será recibida por Gustavo Sáenz y Raúl Jalil. La actividad servirá para visibilizar los efectos económicos del RIGI y, al mismo tiempo, para exhibir cercanía política con dos gobernadores que no ven con malos ojos un entendimiento con la Casa Rosada. Según fuentes del entorno de Sáenz, el acuerdo electoral todavía no está cerrado, pero «lo estaría pidiendo».
En Salta, además, existe una situación abierta por la eventual reelección de Sáenz. Sus adversarios sostienen que su primer período, de 2019 a 2023, ya debería contarse dentro del límite impuesto por la reforma constitucional de 2021. Si esa lectura prevalece, no podría volver a competir en 2027.
El movimiento político no se agota en Salta. Milei realizará hasta diciembre una gira por nueve provincias y volverá a recorrer distintos puntos de Buenos Aires, siempre con proyectos incorporados al RIGI como excusa para mostrar inversiones y actividad productiva. Las provincias seleccionadas son Catamarca, Salta, San Juan, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe.
Los primeros 23 proyectos aprobados bajo el régimen comprometían USD 49.766 millones de inversión y una proyección de 108.450 empleos directos e indirectos. Doce pertenecen a la minería, siete al petróleo y gas, dos a la energía eléctrica, uno a la siderurgia y uno a infraestructura. A eso se sumaron anuncios y aprobaciones en París, incluido el ingreso de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén al RIGI para el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta, con un desembolso de USD 12.400 millones previsto para 25 años.
La política territorial del Gobierno tiene una lectura económica evidente: cuando el poder central pone el foco en inversiones, baja algo de la incertidumbre y sube la previsibilidad para el capital. El mercado ya votó a favor de las reglas claras; ahora falta que la burocracia política no frene el flujo.
También hay una señal institucional. Si la Casa Rosada logra ordenar alianzas provinciales y sostener el Presupuesto 2027, el costo de la parálisis legislativa cae sobre quienes prefieren el bloqueo antes que la inversión. Capital busca reglas claras. Y, por ahora, el RIGI es la herramienta con la que Milei intenta dárselas.