Para muchos, el cambio en el precio del dólar en unos días en las semanas pasadas fue inesperado. La columna de Benito Solís sostiene que no obedeció a declaraciones de funcionarios mexicanos o extranjeros, ni al conflicto en Medio Oriente, aunque todo eso podría tener un impacto marginal.
El factor principal, afirma, fue el incremento de 0.25% en la tasa de interés de referencia de la Fed el mes pasado, sin que lo acompañara un aumento en la tasa del Banco de México. También subraya que el movimiento no ocurrió solo con el peso, sino con otras monedas.
Solís destaca que el mercado cambiario internacional del peso mexicano es varias veces superior al que existe dentro del país, por lo que es ese mercado el que fija el precio. Añade que el peso es una de las cinco divisas de un país emergente que más opera en los mercados internacionales durante las 24 horas del día, y lo describe como muy líquido y confiable.
En su lectura, esa condición depende de varios factores: que el peso no tiene control de cambios, que ha mostrado relativa estabilidad sin obvia intervención del gobierno, que México es un país sin elevada inflación y que su banco central cuenta con integrantes técnicos en su Junta de Gobierno, así como en su equipo administrativo, de investigación y de regulación bancaria. Además, dice, la legislación impide que financie el déficit del Gobierno Federal y que eso se ha respetado en las pasadas décadas.
La columna también pone sobre la mesa los costos de mover las tasas en México al mismo ritmo que Estados Unidos. Elevarlas, sostiene, aumenta el costo de la deuda de las empresas, de los usuarios de tarjetas de crédito y principalmente del gobierno, «el mayor deudor del país». Eso, añade, eleva el déficit fiscal y presiona la calificación soberana.
Pero no subirlas también tiene efectos, según Solís. Un tipo de cambio debilitado encarece las importaciones, aumenta los precios dentro del país y castiga a los consumidores. Además, encarece el servicio de la deuda denominada en dólares y perjudica el déficit fiscal. A la vez, reconoce dos beneficios: mejora la competitividad de los exportadores y vuelve más atractivo visitar México para los turistas extranjeros.
El punto más delicado para el autor es la posibilidad de que la deuda del Gobierno Federal perdiera el Grado de Inversión. Señala que grandes fondos internacionales, bancos y otras instituciones financieras reguladas solo pueden invertir en deuda de países con esa calificación. Si México la perdiera, dice, habría un retiro masivo de inversiones, subiría el tipo de cambio, aumentarían las tasas y la inflación, y se provocaría una recesión.
La lectura de fondo es clara: cuando el Estado no cuida sus finanzas, el costo termina apareciendo en el bolsillo de consumidores, deudores y contribuyentes. El margen de maniobra del país depende de reglas monetarias y fiscales que den certidumbre al capital, no de improvisaciones que erosionen la confianza.
También queda una advertencia para el aparato público: si la política de finanzas públicas no acompaña el esfuerzo monetario, el equilibrio puede no sostenerse. El mercado ya votó; ahora el riesgo es que la factura la pague la economía real.