La Corte Suprema de EE. UU. escuchó este lunes argumentos en Suncor v. Boulder, un caso que enfrenta a ciudades y estados con la industria petrolera por daños climáticos atribuidos a emisiones que cruzan fronteras estatales.
La disputa gira en torno a una pregunta clave: si la ley federal impide que gobiernos locales y estatales demanden a empresas de petróleo bajo la ley estatal por presuntos daños vinculados al clima. Si los jueces permiten ese camino, energía y litigios podrían quedar más entrelazados y con consecuencias directas para el precio final del combustible.
Jason Isaac, director ejecutivo del American Energy Institute, advirtió que una ola de demandas podría empujar a las compañías a una salida masiva del negocio y generar más escasez de suministro. «Verías una salida masiva y eso crearía más escasez de combustible, más de la que ya vemos hoy, y precios más altos», dijo a Fox News Digital. Añadió que «se trata de controlar a estas compañías y frenar el uso de hidrocarburos».
Durante la audiencia oral, Clarence Thomas interrogó al abogado de Boulder, Kevin Russell, sobre si esa teoría legal podría exponer a otros sectores a litigios similares, incluidos grandes minoristas. Russell respondió: «Nada en nuestra teoría lo impide», aunque señaló que la ley de responsabilidad civil estatal podría imponer límites adicionales.
Brett Kavanaugh también expresó preocupación por las consecuencias financieras de una litigación amplia. Advirtió que suficientes demandas podrían «quebrar» a los demandados y cuestionó si casi cualquier fabricante o empresa podría enfrentar reclamos parecidos.
Boulder y el condado de Boulder demandaron en 2018 a ExxonMobil y Suncor Energy, acusando a las compañías de haber contribuido al cambio climático y de haber engañado al público sobre los supuestos peligros de los combustibles fósiles. Las municipalidades buscan daños para cubrir los crecientes costos de los perjuicios climáticos.
Hay alrededor de 30 demandas similares pendientes en jurisdicciones de todo el país, incluidas causas en Portland y Baltimore. La demanda de Boulder citó un memorando interno de ExxonMobil de 1977, que circuló entre los directivos de más alto nivel de la empresa, y del que la fuente solo reproduce el arranque de una frase: «current scientific opini».
El mercado ya votó: cuando el litigio se usa para reordenar por la fuerza una industria energética, el riesgo no se queda en los balances corporativos. También termina en el surtidor, sobre todo para el contribuyente y el consumidor que paga la cuenta final.
Capital busca reglas claras. Si el perímetro jurídico se vuelve imprevisible para petroleras, gasolineras y otros negocios, la inversión se encoge y la productividad sufre. La discusión en la Corte no es solo ambiental; también es una prueba sobre hasta dónde puede llegar el aparato estatal sin castigar al ciudadano común.
