El Presidente José Antonio Kast convocó una reunión de emergencia en La Moneda el jueves por la tarde, antes de su cita programada con los presidentes de los partidos oficialistas. El motivo: el Ministerio del Interior había sido notificado de que el segundo examen de drogas practicado en junio al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez —el primero fue realizado en abril—, arrojó un resultado positivo.
En el encuentro participaron el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, y el director de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela. El debate no fue sencillo: varios advirtieron que actuar antes de conocer la contramuestra podría generar un perjuicio irreversible para la autoridad si el resultado inicial quedara descartado. Se analizaron incluso alternativas intermedias, como la suspensión temporal del subsecretario.
Pesó más, sin embargo, el argumento político y normativo. Kast construyó parte de su discurso presidencial sobre la incompatibilidad entre el consumo de drogas y el ejercicio de cargos públicos, y durante la conformación de su gabinete transmitió que quien consumiera drogas no debía asumir responsabilidades de gobierno. A eso se sumó el recuerdo del caso Monsalve y el manejo de la administración Boric, episodio que el actual oficialismo criticó duramente desde la oposición por no transparentar antecedentes sensibles de manera oportuna.
El marco normativo también inclinó la balanza: tras las modificaciones impulsadas este año, las autoridades de gobierno están obligadas a someterse a exámenes de drogas cuyos resultados pueden hacerse públicos. En el caso de los subsecretarios, el resultado se comunica al propio examinado, al Ministerio del Interior y a Senda.
Con esa definición adoptada, el gobierno comunicó a Rodríguez que debía dejar el cargo. En Palacio insistieron en evitar afirmaciones categóricas dado que la contramuestra aún está pendiente. Según distintas fuentes, a varios de quienes conversaron con Kast les quedó la sensación de que la decisión podría revertirse si se descarta consumo problemático, aunque en el gobierno aseguran que eso no está definido. El Mandatario fue descrito como afligido.
Rodríguez, por su parte, afirmó que nunca consumió drogas y atribuyó el resultado a un eventual error o alteración de la muestra, según publicó en su cuenta de Instagram. El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, confirmó haberlo hablado con él y señaló: «Le creo totalmente, no solo por la explicación que da del caso, sino porque conozco su trayectoria de muchos años y es un profesional impecable». Squella agregó que esperaría que «cuando todo se aclare, contemos con Juan Pablo de vuelta».
En Hacienda, el ministro Jorge Quiroz resintió la salida del segundo al mando del edificio de Teatinos 120. La subrogancia quedó en manos de Tomás Bunster como medida de continuidad administrativa mientras se define un reemplazante permanente. Quiroz destacó la labor de Rodríguez: «Ha sido un tremendo aporte del ministerio, un tremendo profesional».
Los números y la institucionalidad primero. El episodio revela que el aparato estatal chileno ya cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas concreto —exámenes obligatorios con resultados públicos— y que el Ejecutivo optó por aplicarlo aun a costa de un costo político inmediato. Capital y libre empresa requieren reglas claras; la coherencia entre el discurso y la acción de gobierno es el activo más escaso en la región. Kast pagó ese precio antes de conocer el veredicto final. El mercado de la credibilidad institucional tomó nota.
