Nuevo León concentra hoy la mayor densidad de ruido político del país. Así lo describe Lourdes Mendoza en su columna del 15 de julio en El Financiero, un recuento que mezcla juicios políticos, candidaturas en disputa y obras públicas inconclusas.
El juicio político y la acusación federal
Anabel del Roble, dirigente estatal de Morena, promovió un juicio político contra el gobernador Samuel García. El argumento central, según la columna: empresas contratistas del gobierno estatal habrían cobrado fondos públicos que terminaron en los despachos del esposo y del suegro de Mariana Rodríguez, pareja del mandatario. La SCJN y la jueza Tania Neri concedieron la suspensión del proceso, pero la presión no cede.
Por separado, la FGR acusa a García por presunto lavado de dinero por casi 16 mmdp, según documenta la fuente citando a Código Magenta. Legisladores del PAN y del PRI también presentaron denuncias ante la fiscalía estatal anticorrupción y la Unidad de Seguimiento e Investigación de la Auditoría Superior de Nuevo León, tanto contra el gobernador como contra su esposa, por presunto uso de recursos públicos con fines electorales.
La carrera por la candidatura de Morena
En ese contexto, la disputa interna de Morena por la gubernatura 2027 ya arrancó. Según Mendoza, «Tatiana» quiere ser ungida candidata por la presidenta Sheinbaum, emulando a su padre y proyectando una imagen de afinidad empresarial. Clara Luz Flores, quien recién renunció a la titularidad de Asuntos Religiosos de la Segob, le quiere disputar la candidatura. La columnista señala que el premio de consolación para Flores sería recuperar la alcaldía de Escobedo, dado que el actual alcalde Mijes también aspira a la candidatura a gobernador por Morena.
En la vereda opuesta, Adrián de la Garza, quien le ganó a Mariana Rodríguez en 2024 la alcaldía de Monterrey, avanza como posible candidato del PRI. La fuente apunta que Acción Nacional, bajo la dirigencia de Jorge Romero, deberá ir en alianza si no quiere perder otro registro local.
Obras, influencia y cerveza
Mientras tanto, la gestión García acumula señales de desorden institucional. La fuente indica que el Metro no se terminó como se había prometido para el Mundial, y que el monorriel, según los propios convenios celebrados por el gobierno estatal, estará listo hasta 2028. Mariana Rodríguez, señala Mendoza, graba videos a bordo del monorriel y sueña con ser candidata a gobernadora en 2027.
A eso se suma que Samuel García salió a anunciar que repartirá cerveza de Grupo Modelo en los FIFA Fan Fest de Parque Fundidora, Macroplaza y Parque del Agua, en espacios donde la verificación de edad de menores sería, según la columna, prácticamente imposible.
Lectura editorial
El caso Nuevo León ilustra con precisión el costo de mezclar el aparato estatal con la ambición electoral: obras financiadas con dinero de los contribuyentes que no llegan, denuncias cruzadas entre partidos y una primera dama convertida en figura de campaña antes de que haya convocatoria. Capital busca reglas claras, no reality shows gubernamentales.
Cuando el Estado se administra como patrimonio familiar, la inversión privada —que Nuevo León necesita para sostener su liderazgo industrial— empieza a calcular el riesgo con otra lupa. El mercado ya votó: la incertidumbre institucional tiene precio, y ese precio lo paga primero la ciudadanía.
