La jueza especializada de Control Consuelo Adriana Correa ordenó este martes la libertad inmediata de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), al revocar la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le había sido impuesta.
La resolución se fundamentó en dos elementos nuevos. Primero, la defensa acreditó un domicilio fijo en la Ciudad de México mediante escritura pública —circunstancia que no había podido demostrar cuando se decretó la prisión preventiva—. Segundo, la juzgadora tomó en cuenta el escrito de perdón presentado por la esposa del exfuncionario, la ingeniera cubana María Felicia Jiménez Lavie, quien manifestó su intención de buscar una salida alterna al proceso.
La jueza concedió un plazo de dos horas, contadas desde las 10:45 horas del martes, para que el director del Centro de Reinserción Social Morelos ejecutara la liberación.
El proceso, sin embargo, no se suspende. La jueza determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal por el delito de violencia familiar. En el sistema penal mexicano, ese delito se persigue de oficio, lo que significa que la Fiscalía General del Estado de Morelos puede sostener la investigación aunque la víctima se desista. La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
En paralelo, la juzgadora resolvió no vincular a Rodríguez Padilla por el delito de violencia vicaria, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía no fueron suficientes para sostener esa acusación.
El caso adquirió relevancia nacional tras la difusión de un video en el que presuntamente se observa al exfuncionario agrediendo físicamente a su esposa dentro de su domicilio. Rodríguez Padilla, de 69 años, enfrenta además un diagnóstico de cáncer de próstata, condición que su defensa invocó para solicitar el proceso en libertad. Los abogados también denunciaron un supuesto «linchamiento mediático» y pidieron que se respetara la vida privada del exfuncionario y su familia.
Minutos antes de la audiencia, el abogado de la esposa presentó un escrito señalando que la víctima no acudiría a la diligencia debido al «fuerte asedio mediático» que enfrenta.
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El episodio expone una tensión real en el sistema de justicia mexicano: el Estado que avanza de oficio sobre un caso en el que la víctima expresó explícitamente su voluntad de perdonar. Esa figura —el delito perseguible sin querella— tiene lógica cuando protege a quienes no pueden defenderse solos; su riesgo es que convierte al aparato judicial en un actor autónomo frente a la voluntad de las partes directamente afectadas.
Lo que el mercado y la opinión pública observan es un exfuncionario de la empresa productiva del Estado más emblemática de México envuelto en un escándalo personal de alto perfil. Pemex acumula deudas, recortes y cuestionamientos sobre su viabilidad financiera; sus exdirectores, en tanto, protagonizan titulares que nada tienen que ver con retorno sobre activos ni con productividad. La señal es clara: la gestión de la empresa petrolera estatal sigue siendo, ante todo, un asunto político.
