Un juez federal de Estados Unidos ordenó a Nicolás Maduro, al empresario colombiano Alex Saab y a otros cinco funcionarios venezolanos pagar 314 millones de dólares en daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido encarcelados y torturados en Venezuela.
La sentencia fue emitida este martes por el juez Darrin P. Gayles, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida, con sede en Miami. El magistrado dictó un fallo en rebeldía —es decir, ante la ausencia total de los demandados— contra Maduro, Saab y otros cinco acusados, así como contra el denominado «Cártel de los Soles», la red de narcotráfico que, según la acusación, involucra a altos mandos militares venezolanos.
Los beneficiarios del fallo son Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval. Los tres permanecieron detenidos en Venezuela hasta diciembre de 2023, cuando fueron liberados como parte de un acuerdo negociado entre la administración Biden y el gobierno de Caracas. A cambio, Washington excarceló a Alex Saab, quien enfrentaba cargos por presunto lavado de dinero y era señalado por funcionarios estadounidenses como testaferro de Maduro.
En la demanda, presentada el año pasado, los tres ciudadanos alegaron haber sido sometidos a torturas físicas y psicológicas durante su cautiverio: descargas eléctricas, golpizas y posturas de estrés. Según sus testimonios, las secuelas emocionales y psicológicas persisten tanto en ellos como en sus familias. Fiscales de la Corte Penal Internacional investigan denuncias similares de abusos en Venezuela.
Delcy Rodríguez, identificada como presidenta interina de Venezuela, fue incluida inicialmente entre los demandados, pero quedó fuera de la sentencia. Sus abogados comparecieron en abril ante el tribunal y solicitaron la desestimación de la demanda, argumentando que, en su condición de jefa de Estado reconocida por Estados Unidos, goza de inmunidad frente a acciones civiles. Los demandantes rechazan esa interpretación y mantienen la acción legal en su contra.
Ninguno de los demás demandados respondió a la demanda, lo que llevó al juez Gayles a declararlos responsables civilmente y a fijar la indemnización de 314 millones de dólares.
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El fallo de Miami pone en negro sobre blanco lo que el régimen de Maduro ha negado sistemáticamente: que el aparato estatal venezolano utilizó la detención arbitraria de extranjeros como moneda de cambio, con torturas documentadas de por medio. El hecho de que ninguno de los acusados se dignara comparecer ante la corte habla por sí solo del desprecio que el régimen profesa por el estado de derecho y por las instituciones que lo sostienen.
La sentencia difícilmente será ejecutable de forma inmediata sobre los activos de Maduro o Saab. Pero su valor no es solo simbólico: cada fallo de este tipo construye un expediente judicial internacional que estrecha el cerco sobre quienes creyeron que el poder les otorgaba impunidad perpetua. Capital busca reglas claras, y los mercados —y los inversores— toman nota de qué tipo de régimen administra los recursos de un país.
