Agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) detuvieron el jueves 27 de agosto a Milo Yiannopoulos en el aeropuerto internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, Luisiana, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Al Jazeera. El comentarista británico se encontraba en la ciudad para un concierto del músico Ye, antes conocido como Kanye West.
Yiannopoulos, de 41 años, ingresó legalmente a Estados Unidos el 14 de mayo de 2019 por Nueva York. Según el DHS, «eligió sobrepasar su bienvenida en violación de las leyes de nuestra nación». Un juez de inmigración le emitió una orden final de deportación el 22 de julio, después de que no se presentara a su audiencia migratoria. «Permanecerá en custodia de ICE pendiente de remoción», indicó la agencia.
El DHS publicó además lo que parece ser una foto policial del comentarista y reiteró su oferta a quienes están en el país de forma irregular: 3.000 dólares y un vuelo gratuito para autodeportarse a través de la aplicación CBP Home. La alternativa, advirtió la agencia, es el arresto y la deportación «sin oportunidad de regresar».
Laura Loomer, aliada de Trump, se atribuyó parte del mérito de la detención. Según escribió en X, fue la primera en reportar que Yiannopoulos estaba en el país ilegalmente y que lo denunció ante ICE y el FBI después de que él, según ella, incitara violencia contra el presidente Trump. Loomer también criticó su vínculo laboral con la exrepresentante Marjorie Taylor Greene, para quien Yiannopoulos trabajó como pasante en 2022.
El comentarista, exeditor de Breitbart News, fue jefe de gabinete y director político de la campaña presidencial de Ye entre 2022 y 2024. Fundó también Tarantula, una agencia de representación de talentos con sede en Los Ángeles cuya lista de clientes incluye, según su propio sitio, al expresidente Trump, a Ye y al condenado por fraude Martin Shkreli.
Yiannopoulos ha sido, durante años, un defensor vocal de la aplicación estricta de las leyes migratorias. El año pasado escribió en X que «California necesita puntos de control de ICE en la entrada de supermercados, gasolineras, centros comerciales, intersecciones y edificios gubernamentales, con deportación inmediata para quien no pueda probar que está en el país legalmente».
Su carrera colapsó en 2017 tras la difusión de declaraciones suyas en las que defendía relaciones entre hombres adultos y menores, calificándolas de posible experiencia de «crecimiento» positiva y minimizando las leyes contra el abuso sexual infantil.
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El caso expone una obviedad que rara vez incomoda a nadie fuera del debate migratorio: la ley que exige papeles no distingue simpatías políticas. Yiannopoulos pidió durante años controles de identidad para inmigrantes irregulares; hoy enfrenta el mismo mecanismo que reclamaba para otros. El mercado del debate público ya emitió su veredicto sobre la coherencia del personaje, pero el proceso migratorio, con orden judicial y plazo vencido desde julio, no depende de esa coherencia sino de un expediente administrativo cerrado.
La aplicación consistente de la ley, sin excepciones para figuras públicas o afines ideológicamente al Gobierno, es precisamente lo que da previsibilidad a cualquier sistema de estado de derecho. Si las reglas migratorias valen para todos por igual, también deben valer para quienes las reclaman con más entusiasmo.
