El segundo aeropuerto más importante de Colombia quedó fuera del Conpes de infraestructura aérea del gobierno Petro, y el sector privado antioqueño no está dispuesto a aceptarlo en silencio.
Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, la Cámara Colombiana de Infraestructura y la Veeduría Técnica del terminal aéreo —agrupadas en la iniciativa Región Aeroportuaria— rechazaron la exclusión del Aeropuerto José María Córdova de ese documento de política pública. La crítica central: el Conpes limita su alcance a los aeropuertos bajo administración directa de la Aerocivil, dejando por fuera los terminales concesionados.
«Su enfoque se limita únicamente a los aeropuertos bajo administración directa de la Aerocivil. Esta delimitación deja por fuera a terminales con alta capacidad de crecimiento autónomo mediante esquemas de concesión o alianzas público-privadas (APP), como es el caso del Aeropuerto José María Córdova, las cuales pueden expandirse sin necesidad de comprometer recursos de la Nación», expusieron las organizaciones.
Según Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, la exclusión del proyecto en el Conpes implica que no se garantizarán recursos estatales para ampliar la capacidad del terminal y atender el crecimiento de la demanda.
La proyección de inversión total estimada en las obras —terminal y segunda pista— es cercana a los 22,5 billones de pesos. Ante esa cifra, el colectivo gremial pidió además una revisión técnica independiente mediante auditoría externa que analice en detalle el Plan Maestro, y propuso estructurar la construcción por hitos, de modo que cada etapa cuente con cierre financiero propio.
El paso concreto ya se dio: las organizaciones se reunieron con la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, y le solicitaron formalmente que la expansión del José María Córdova sea catalogada como Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE). «Esto permitiría dinamizar su ejecución y facilitar el acompañamiento institucional que requiere una obra de esta magnitud e impacto para el país y la región», argumentaron.
El Consejo Motor reafirmó su propósito de actuar como puente técnico entre el Gobierno Nacional y los territorios, apostando por una planeación fiscalmente responsable y con visión de largo plazo.
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La lectura de Ágora Capital es directa: el gobierno Petro excluyó del Conpes una obra que, por su naturaleza concesionada, no requería dinero del contribuyente para avanzar. La ironía es que el esquema APP —exactamente el modelo que el oficialismo suele mirar con desconfianza— habría permitido expandir el aeropuerto sin comprometer el fisco. Al ignorarlo, el aparato estatal no ahorró recursos; simplemente bloqueó inversión privada que ya tenía destino.
El nuevo gobierno recibe una señal clara del empresariado antioqueño: capital hay, reglas claras faltan. La declaratoria PINE no es un favor a los gremios; es el mínimo institucional que necesita una obra de 22,5 billones de pesos para atraer financiamiento, reducir riesgo regulatorio y ejecutarse por etapas sin depender del presupuesto nacional. El mercado ya votó. Ahora le toca al Estado no estorbar.
