En plenaria del Senado, Enrique Gómez denunció presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante la administración de Gustavo Petro. Su señalamiento se centró en la compra de predios y en el manejo de recursos destinados a la reforma agraria.
Según el congresista, hubo compras de tierras con características turísticas, campestres, comerciales o industriales, y no agrícolas. Dijo que eso pone en duda que esos activos cumplieran la finalidad de garantizar tierra para los cultivadores.
Uno de los casos expuestos fue el de La Virgen del Cobre, en Necoclí, Antioquia. Gómez afirmó que el predio supera las 800 hectáreas y que fue adquirido por aproximadamente $18.000 millones. De esa extensión, 150 hectáreas estarían en zona de expansión urbana destinada a vivienda campestre, mientras otras 80 tendrían potencial turístico.
También mencionó un terreno en Restrepo, Meta. Según su denuncia, el predio presuntamente adquirido por la ANT está en suelo suburbano, con uso orientado a vivienda campestre y actividades recreativas. El congresista aseguró que la operación se habría hecho mediante un convenio con la Sociedad de Activos Especiales por un valor cercano al billón de pesos, y que cada hectárea habría costado $471 millones, aproximadamente.
Otro caso citado fue un terreno de 140,7 hectáreas en Maní, Casanare, comprado por $281,8 millones. Gómez dijo que más del 90% de esas tierras está cultivada con palma de aceite y que el resto corresponde a zonas inundables.
Además, incluyó la compra de varios predios en Cartagena, Bolívar, ubicados en una zona donde estaría proyectada la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad. Según explicó, esos terrenos tendrían potencial industrial, comercial, residencial y turístico.
Gómez sostuvo que los recursos comprometidos en contratos con operadores logísticos entre 2022 y 2026 alcanzan los $165.724.745.557. Agregó que los contratos se incrementaron en años electorales: 1.345% entre 2022 y 2023, y 167% entre 2025 y 2026.
También se refirió al Contrato N° ANT-20268828 de 2026, por $5.817 millones. Afirmó que el operador realizó 27 eventos entre el 23 de julio y el 13 de agosto de 2026 y que su ejecución tendría inconsistencias.
El senador además dijo que la ANT gastó más de $56.000 millones en pauta y firmó 264 contratos de prestación de servicios por $11.000 millones, pese a que la entidad no tiene en su organigrama una jefatura de prensa.
Felipe Harman respondió a uno de los casos y dijo que el predio de Restrepo, Meta, nunca fue adquirido por la entidad, porque renunció a este en marzo de 2026 al no tener vocación agrícola. En paralelo, calificó la acusación de Gómez con un mensaje en X.
La discusión toca el punto central de toda reforma agraria: si el dinero de los contribuyentes termina en tierra productiva o en activos con otro destino. Cuando el Estado compra mal, capitaliza ineficiencia y destruye confianza. Capital busca reglas claras.
Si las denuncias avanzan, el foco debe estar en avalúos, vocación de uso y trazabilidad del gasto. No basta con invocar justicia social: la burocracia también debe rendir cuentas sobre cada peso y cada hectárea. El mercado ya votó contra el despilfarro.
