Fiscales de Estados Unidos acusan a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de haber pagado deudas de narcotráfico a las Farc con explosivos militares en medio de los diálogos de paz.
La acusación, presentada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que Maduro habría negociado la entrega de explosivos de las reservas del Ejército venezolano para entregárselos a las Farc. Ese supuesto acuerdo habría surgido en una reunión con Rodrigo Londoño, «Timochenko», Luciano Marín, «Iván Márquez», y Seuxis Pausias Hernández, «Jesús Santrich».
De acuerdo con los fiscales, el encuentro habría ocurrido poco después de la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013. El documento afirma que el propósito fue abordar una deuda que Maduro mantendría con las Farc por su presunta participación conjunta en temas de narcotráfico.
La acusación no establece el monto de la obligación ni precisa dónde fue la reunión. Sí señala que, para pagarla, Maduro «acordó vender explosivos de las reservas militares venezolanas» a las Farc para cubrir, por lo menos, una parte de lo que debería. También añade que el entonces mandatario era consciente de que esa operación aumentaría la capacidad de las Farc para desarrollar acciones armadas contra Colombia.
El expediente ubica el episodio en un momento especialmente sensible: en 2013, las Farc estaban inmersas en las negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, mientras el conflicto continuaba. La propia acusación sugiere que la operación habría ocurrido en pleno proceso de diálogo.
Además, el documento menciona que las operaciones de suministro de minas se habrían extendido hasta aproximadamente 2015. Según los investigadores citados en la acusación, Maduro habría facilitado la venta de minas fabricadas en Cuba, así como otras armas, a grupos que la Fiscalía estadounidense identifica como organizaciones terroristas.
El expediente tampoco determina la cantidad de explosivos o minas involucrados, sus destinos finales ni las operaciones en las que pudieron ser utilizados. Sin embargo, sí establece una conexión entre el tráfico de cocaína, el acceso de la guerrilla colombiana a material de guerra y las obligaciones económicas de la dictadura con las Farc.
La acusación va más allá del supuesto acuerdo de 2013. También describe otro mecanismo que habría permitido a organizaciones armadas colombianas obtener armas mediante intercambios de droga con integrantes del aparato de seguridad de la dictadura venezolana.
Según el documento, hacia 2017 un funcionario identificado como «CC-3» habría ordenado a miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela transportar armas a cambio de cargamentos de cocaína que vendrían de las Farc y el Eln. Para movilizar el material, los militares habrían usado camiones habitualmente empleados en el transporte de gasolina.
En la lógica del expediente, el patrón es claro: una estructura de narcotráfico respaldada por funcionarios estatales, con acceso a armas y explosivos, y con conexiones que van más allá del simple contrabando fronterizo. La acusación también afirma que durante los gobiernos de Chávez y Maduro el tráfico de drogas funcionó como mecanismo de financiación para organizaciones armadas vinculadas al poder venezolano.
Si estas imputaciones avanzan judicialmente, el caso refuerza una conclusión incómoda para cualquier democracia: cuando el Estado se mezcla con redes ilegales, el ciudadano termina pagando con menos seguridad, menos transparencia y menos confianza institucional. Capital busca reglas claras, no gobiernos que conviertan recursos públicos y poder militar en instrumentos de negociación con redes criminales.
Para Colombia y la región, la lectura es igual de severa. El mercado, la inversión y el orden jurídico dependen de fronteras seguras y de instituciones que no sean capturadas por intereses armados. Cuando el aparato estatal se usa para alimentar estas redes, el costo no lo asume la élite que negocia; lo asumen los contribuyentes, las empresas y la estabilidad misma del sistema.
