La Fiscalía General de Ecuador solicitó este miércoles una condena de seis años y seis meses de prisión para el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) por el delito de cohecho. La acusación apunta a hechos ocurridos cuando Moreno ocupaba la Vicepresidencia del gobierno de Rafael Correa.
Según el fiscal general Carlos Alarcón, Moreno habría recibido de forma ilícita un total de 660.000 dólares vinculados a la empresa estatal china Sinohydro, contratista de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una central de hasta 1.500 megavatios ubicada en la Amazonía ecuatoriana. De ese monto, 220.000 dólares corresponderían al expresidente y a su esposa, Rocío González, presuntamente canalizados en forma de vivienda y mobiliario.
Los 440.000 dólares restantes habrían sido distribuidos entre familiares: el hermano Edwin Moreno recibiría 350.000 dólares; la hija Irina Moreno, 50.000; la cuñada Martha, 15.000; la cuñada Jacqueline, 10.000; el hermano Guillermo, 10.000; y la suegra Aída Graciela, 5.000 dólares, según el Ministerio Público.
El monto total de sobornos que Sinohydro habría pagado asciende, de acuerdo con la Fiscalía, a 76 millones de dólares. El juicio involucra a 21 personas, aunque el fiscal retiró este miércoles la acusación contra una de las procesadas como cómplice. Entre los imputados figura también el exembajador de China Cai Runguo.
El caso estalló en 2019 cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación que vinculaba a un hermano de Moreno con cuentas en paraísos fiscales y una propiedad en Alicante, España, a través de la empresa INA Investment. Esa publicación detonó la investigación formal de la Fiscalía.
Además de la pena privativa de libertad, el fiscal solicitó al tribunal la inhabilitación de los acusados para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, la suspensión de sus derechos de participación, el pago de una multa, una reparación integral y disculpas públicas. También pidió que se instale una «cita anticorrupción» en el complejo hidroeléctrico. El expresidente Moreno estuvo presente en la audiencia. El tribunal deliberará sobre el pedido fiscal tras los alegatos finales de la Procuraduría y las defensas.
La lectura de Ágora Capital: El caso Sinohydro concentra dos patologías que el libre mercado identifica con precisión: la opacidad de la empresa estatal extranjera como vehículo de captura política, y la red familiar que convierte el cargo público en fuente de renta privada. Cuando el Estado adjudica contratos de infraestructura sin competencia real y sin rendición de cuentas, el contribuyente paga dos veces: primero la obra, luego la corrupción. Ecuador, que ya carga con el peso institucional del correísmo, necesita que este proceso concluya con sentencia firme y recuperación de activos si quiere enviar una señal creíble a los mercados de capitales y a los inversores privados que evalúan el riesgo país.
