La familia de Joan Sebastian Durán Guerrero, colombiano de 26 años muerto el lunes en Biddeford, Maine, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recaudó 119,493 dólares en aproximadamente un día a través de una campaña en GoFundMe, con 2,100 donaciones registradas.
Los fondos se destinarán a gastos legales, servicios funerarios y la repatriación del cuerpo a Colombia, donde los padres de Durán aguardan para darle sepultura. La administración de los recursos quedará a cargo de la hermana del fallecido.
Durán dejó a su pareja y a una hija de tres años que lo acompañaban en el momento de los disparos. Según la familia, el joven tenía dos empleos al momento de su muerte.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, explicó que los agentes realizaban un operativo en busca de un inmigrante con orden de deportación y que el vehículo de Durán salía en la misma dirección que el individuo buscado. Según la versión oficial, al «intentar huir», los agentes procedieron a disparar, argumentando razones de seguridad pública.
Vecinos de Biddeford colocaron flores y mensajes en las inmediaciones del lugar de los hechos. Según CNN, algunos letreros rezaban «ICE, fuera de nuestros vecindarios» y «el asesinato es en contra de la ley».
El presidente colombiano Gustavo Petro calificó el hecho de «asesinato», según reportes previos. Las autoridades estadounidenses, por su parte, señalaron que Durán se encontraba en situación «irregular».
Lectura editorial. El caso abre un debate legítimo sobre los protocolos de uso de fuerza en operativos migratorios: si el DHS sostiene que el vehículo simplemente coincidía con la dirección del objetivo buscado, la justificación del disparo merece escrutinio institucional riguroso, no político. Capital busca reglas claras, y eso incluye que el Estado rinda cuentas cuando un operativo termina con un civil muerto que, según su familia, tenía empleo y documentación de trabajo. La campaña de GoFundMe refleja algo más que solidaridad: evidencia que la familia no confía en que el aparato estatal cubra las consecuencias de sus propios actos. Esa desconfianza, sea cual sea la conclusión final de la investigación, es un costo real que el gobierno de Trump deberá contabilizar en su balance de imagen y legitimidad.
