El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el martes un «acuerdo» con los alcaldes. La compensación cubriría los US$ 70 millones que los municipios dejarán de recibir por la exención de contribuciones a adultos mayores. También repararía el impacto sobre el Fondo Común Municipal.
El problema: no había acuerdo real.
Alcaldes de oposición —Tomás Vodanovic (Maipú), Javiera Reyes (Lo Espejo) y Karina Delfino (Quinta Normal)— salieron a desmentir que estuvieran representados. Solo habían firmado alcaldes de derecha, encabezados por el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri. Sin unanimidad en la sala del Senado, la indicación no pudo ingresarse. El tema quedó pendiente.
El quiebre es político y también técnico. Los alcaldes de oposición respaldaban una propuesta de focalización: que adultos mayores de altos ingresos o con inmuebles de avalúo fiscal elevado siguieran pagando contribuciones. Alessandri había suscrito esa postura dentro de la ACHM. Luego la abandonó en la reunión telemática del directorio.
Vodanovic fue directo en X: «Las contribuciones que se dejan de pagar por personas de altos ingresos en comunas como Vitacura, Las Condes o Providencia, y los recursos que dejan de percibir esos municipios, deberán ser compensadas con impuestos generales, pagados por vecinos de comunas como Maipú o Puente Alto». Propuso como umbral viviendas sobre los $ 350 millones e ingresos mensuales sobre los $ 3 millones.
Alessandri respondió con un llamado al «diálogo y los acuerdos», sin agendas ideológicas. Quiroz, cerca de las 3 de la madrugada en Valparaíso, reconoció que la unanimidad no estuvo disponible. Aclaró que el ministerio mantiene el compromiso y que la compensación se canalizaría en un proyecto de ley separado, tras nuevas conversaciones. El compromiso de Hacienda incluía apoyo a los municipios en control de gasto y agilización de permisos.
Los alcaldes opositores pedirán una reunión de directorio de la ACHM para zanjar diferencias. No hay fecha fijada: la prioridad inmediata es atender el temporal.
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Lo que el episodio revela es más profundo que una disputa técnica. Una exención universal —sin focalización— transfiere el costo al contribuyente general. Los municipios más ricos pierden recaudación propia; el Estado central compensa con fondos de todos. Es el mecanismo clásico de redistribución inversa: el aparato estatal recauda de la base amplia para cubrir beneficios que alcanzan también a quienes no los necesitan.
El mercado político ya votó: ni los alcaldes de izquierda ni los de derecha lograron un frente común. Capital busca reglas claras, y los municipios también. Mientras la negociación siga abierta, US$ 70 millones de financiamiento local permanecen en el aire.
