Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de liderar una presunta red dedicada al tráfico de droga, armas y dólares, y afirmó que la ex primera dama habría trasladado USD 2,5 millones desde Venezuela a Colombia.
En entrevista con Revista Semana, Ferrer dijo que decidió hablar «por protección personal y profesional» y que lleva dos meses escondida. También sostuvo que recibió una llamada que interpretó como una amenaza tras la divulgación de unos audios el 1 de agosto de 2026.
La exfuncionaria describió a Alcocer como la persona que ordenaba las decisiones dentro de la estructura que denuncia. Cuando le preguntaron si era la «jefe» de una mafia, respondió: «A día de hoy digo que sí». Según su relato, primero pensó que otras personas utilizaban a Alcocer, pero luego concluyó que la entonces primera dama tenía intereses económicos propios.
Ferrer también metió a Gustavo Petro en ese esquema. Dijo que el expresidente habría sido «una pieza» de una estrategia dirigida por Alcocer y agregó: «Para mí, a día de hoy, sí», al hablar de una supuesta complicidad. Además, aseguró que Petro le dijo en una conversación que Alcocer había llevado a ella y a «los catalanes» a Colombia.
El señalamiento más concreto de Ferrer apunta a un viaje de enero de 2023. Según relató, el empresario catalán Manel Grau le contó que Alcocer había traído a Colombia USD 2,5 millones desde Venezuela y que parte de ese dinero podría haber servido para financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama.
Ferrer añadió que después conoció otros movimientos de capital entre Venezuela y Colombia. También dijo que Alcocer y Agmeth Escaf tuvieron una disputa por dinero, aunque sin aportar documentación ni detalles adicionales sobre ese supuesto conflicto.
Sobre la presunta relación con drogas, Ferrer habló en condicional. «Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga», declaró, pero no mostró esas imágenes ni presentó una verificación independiente de su contenido.
La exconsejera también aseguró que los vuelos de Alcocer hacia Venezuela eran manejados con reserva por Carolina Plata, a quien describió como contratista y amiga cercana de la ex primera dama. Dijo además que esos desplazamientos se hacían «en el presidencial o en el de la primera dama».
Las imputaciones, por ahora, provienen exclusivamente de Ferrer y de la entrevista publicada por Semana. No se incluyen documentos, fotografías ni las versiones de las personas señaladas.
Más allá de la veracidad final que determinen las pruebas, el caso expone el costo institucional de operar en la sombra. Cuando el poder político queda rodeado por relatos de dinero opaco, vuelos reservados y supuestos favores cruzados, el que paga es el ciudadano: se erosiona la confianza, se debilita el estado de derecho y gana terreno la idea de que la cercanía al poder vale más que las reglas.
Para un país que necesita inversión, seguridad jurídica y señales claras para el capital, este tipo de denuncias no son ruido menor. Si alguna parte de estos señalamientos se confirma, el daño no será solo reputacional: será sobre la credibilidad del aparato estatal y sobre la confianza mínima que exige cualquier economía que aspire a crecer con orden.
