La Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá recaudó $2,245.7 millones en cuotas obrero-patronales durante el primer semestre de 2026, un alza de $145.7 millones frente a los $2,100 millones del mismo período de 2025, equivalente a un incremento del 6.9%.
Los números de recaudación son positivos. El problema está en la otra columna: la cartera morosa creció de $279.47 millones en diciembre de 2025 a $301.9 millones al cierre de junio, un aumento de $22.42 millones en apenas seis meses, es decir, un 8.02%. La deuda avanzó a mayor velocidad que los ingresos.
El sector público, principal motor del deterioro
La CSS identificó que el 78% del nuevo saldo moroso —aproximadamente $17.5 millones de los $22.42 millones incorporados en el semestre— se concentra en diez empleadores del sector público. En total, 233 entidades estatales aparecen en distintas etapas de morosidad, con obligaciones que rondan los $25.97 millones.
De ese universo, 213 instituciones están bajo cobro administrativo: 197 sin convenio de pago, con una deuda de $16.33 millones, y 16 con acuerdos administrativos por $915,098. Otras 20 entidades fueron remitidas a jurisdicción coactiva, con $8.72 millones pendientes.
Chiriquí concentra la mayor cantidad de instituciones públicas morosas, con 53; le sigue la provincia de Panamá con 50, y Bocas del Toro con 39.
La Unachi, el caso más visible
La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) encabeza la lista con una deuda de $10.99 millones al momento del corte. Por sí sola, esa obligación representa cerca de la mitad del incremento semestral registrado en toda la cartera.
La institución acumula cuestionamientos desde hace años. Durante los 13 años de gestión de Etelvina Medianero de Bonagas como rectora, el presupuesto anual de la Unachi pasó de $36.4 millones en 2013 a más de $80 millones proyectados para 2026, mientras su administración manejó cerca de $988.2 millones en total, según consigna la fuente. Tras meses de crisis institucional, financiera y administrativa, Medianero de Bonagas presentó su renuncia, efectiva desde el 8 de junio de 2026.
La CSS aclaró que algunas entidades morosas ya cancelaron sus compromisos o iniciaron gestiones para regularizarse; esos movimientos se reflejarán en el cierre anual de 2026.
Un patrón que el mercado no puede ignorar
El cuadro revela una tensión estructural: el Estado panameño, como empleador, incumple con la seguridad social que financia con los descuentos de sus propios trabajadores. No es un problema de flujo de caja puntual; es un patrón. Diez instituciones públicas explican casi cuatro quintas partes del deterioro semestral, mientras miles de empleadores privados cargan con el grueso de la deuda histórica acumulada.
Para la administración Mulino, que ha apostado por la estabilidad jurídica y la confianza inversora como pilares del modelo panameño, la señal es incómoda: el riesgo moral más visible no viene del sector privado, sino del aparato estatal. Capital busca reglas claras, y las reglas empiezan por quienes deben aplicarlas.
