El Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentó el miércoles 22 de julio atacar con un dron cargado de explosivos el campo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, en el departamento de Arauca, según confirmó la revista SEMANA.
El objetivo era uno de los tanques de almacenamiento de crudo con capacidad para 100.000 barriles de petróleo. En el campo se encontraban habitualmente unos 200 trabajadores al momento del intento de ataque.
De acuerdo con la información en poder de SEMANA, la guerrilla utilizó un dron artesanal con capacidad para evadir los sistemas de seguridad instalados en el campo. Solo las condiciones climáticas frustraron el atentado: el dispositivo se estrelló justo antes de alcanzar el blanco y los explosivos no se activaron.
El personal de seguridad activó los protocolos correspondientes y notificó a la Octava División del Ejército Nacional, que desplegó al grupo Marte, el equipo especializado en antiexplosivos. «Esa verificación demoró varias horas porque el dron cayó y no se tenía certeza si estaba o no cargado de explosivos. Hasta que las condiciones climáticas lo permitieron, el equipo de antiexplosivos realizó todo y determinaron que eran estos elementos letales», explicó una fuente consultada por el medio.
Tras el incidente, el Ejército Nacional intensificó las operaciones militares en la zona para prevenir hostigamientos o nuevos hechos terroristas. Al cierre de la nota de SEMANA, las fuerzas militares no se habían pronunciado oficialmente.
El oleoducto Caño Limón-Coveñas es una de las arterias de exportación de crudo más importantes de Colombia, y sus instalaciones han sido blanco recurrente de acciones del ELN a lo largo de décadas.
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Lo ocurrido en Arauca no es un incidente aislado: es una señal de escalada tecnológica por parte de un grupo armado que el gobierno de Gustavo Petro ha intentado negociar sin resultados concretos en materia de seguridad para la infraestructura productiva del país. Que un dron artesanal pueda penetrar el perímetro de un campo petrolero de esta magnitud sin ser detectado expone una brecha crítica en la protección de activos que sostienen parte de los ingresos fiscales de la nación.
El capital —nacional y extranjero— que opera en sectores extractivos colombianos necesita reglas claras y garantías reales, no treguas negociadas que el ELN incumple mientras perfecciona sus capacidades ofensivas. Cada ataque a infraestructura energética es, en última instancia, un golpe directo a la inversión, al empleo y a los ingresos del Estado. El mercado ya registra ese riesgo en sus decisiones.
