El Smithsonian Institution ha recibido más de $1,000 millones anuales en fondos de los contribuyentes en años recientes. La cifra cobra relevancia ahora que la administración Trump ha convertido ese presupuesto en el eje de una revisión profunda sobre cómo la institución presenta la historia de Estados Unidos.
La institución administra 21 museos, el Zoológico Nacional y casi 157 millones de objetos y especímenes, lo que la convierte en el complejo museístico, educativo y de investigación más grande del mundo. Además del financiamiento federal, el Smithsonian recibe donaciones privadas, subvenciones y otras fuentes de ingresos.
La Casa Blanca publicó en julio de 2026 un informe que acusa al Smithsonian de promover agendas DEI e ideológicas de izquierda. Ese documento de 162 páginas culminó una revisión dirigida por Trump y recomienda reformas de amplio alcance, así como acciones ejecutivas adicionales.
Entre los casos documentados por Fox News Digital figura la exhibición «America 250», que según el reporte incluyó aproximadamente tres veces más elementos que destacaban figuras y causas liberales que conservadoras. También se señaló que el Smithsonian promovió una guía de capacitación para museos que vinculaba conceptos como la objetividad y el mérito con la «cultura dominante blanca», programa del que la institución se disculpó tras el rechazo público.
El secretario del Smithsonian, Bunch, ha enfrentado escrutinio después de afirmar que el DEI «debe estar en el centro» de las instituciones museísticas. Según las fuentes, Bunch recibió más de $4.4 millones en salario y beneficios entre 2020 y 2024. La administración Trump le ha exigido registros y cambios como parte de su revisión.
Desde Ágora Capital, la lectura es directa: cuando el aparato estatal absorbe más de $1,000 millones anuales del contribuyente para financiar instituciones culturales, la rendición de cuentas no es opcional, es obligatoria. El debate no es sobre museos; es sobre quién decide qué historia se cuenta con dinero público y bajo qué criterios ideológicos.
El principio en juego es simple: el mérito y la objetividad no son conceptos culturalmente sesgados, son los estándares mínimos que cualquier institución financiada con fondos públicos debe respetar. Cuando una burocracia de esta escala los descarta en favor de una agenda, el mercado de ideas —y el contribuyente— tienen todo el derecho de exigir cuentas.
