El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada llega esta semana al Senado argentino con los números en rojo. El oficialismo necesita los votos de sus bloques aliados. Por ahora, no los tiene.
La sesión del 16 de julio pasó a cuarto intermedio justo cuando debía debatirse el capítulo central: la eliminación de los límites vigentes a la compra de tierras rurales productivas por parte de ciudadanos o empresas extranjeras. Fue la tercera postergación desde que el proyecto obtuvo dictamen de comisión.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordó el último borrador con el ministro Federico Sturzenegger. El texto elimina todo límite a la adquisición por personas físicas y jurídicas privadas. Para empresas con participación de estados extranjeros establece un sistema de «doble conforme»: autorización de provincia y Nación.
El problema está en los aliados. Al menos tres senadores radicales ayudaron a dar quórum el 16 de julio, pero aclararon que no votarían el capítulo de tierras. Los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, reciben presión de actores sociales de su provincia desde hace tres semanas. Las senadoras patagónicas Edith Terenzi y Andrea Cristina, alineadas con el gobernador Ignacio Torres, también tienen reparos a varios artículos.
La ley vigente —sancionada en diciembre de 2011— establece que no podrá enajenarse más del 15% del territorio nacional, provincial o departamental. Ninguna persona física o jurídica puede tener más del 30% del cupo permitido. El oficialismo quiere derogar ese marco completo.
La Iglesia Católica se opuso desde las primeras comisiones. La vicepresidenta Victoria Villarruel también rechazó públicamente la extranjerización de tierras en redes sociales. Este jueves está prevista una manifestación de partidos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso.
Sturzenegger agregó ruido propio. En las horas previas a la sesión del 16 de julio, hizo llegar a varios senadores su rechazo a reconocer la potestad provincial para fijar límites propios a la venta de tierras. Ese movimiento irritó a legisladores que ya dudaban.
Bullrich se mostró confiada ante la prensa. «Están de vacaciones, pero van a venir», respondió cuando LA NACION le preguntó si los votos estarían para el 6 de agosto.
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El proyecto contiene más que el capítulo de tierras. Busca acelerar desalojos por falta de pago y usurpaciones, modifica los requisitos del Congreso para expropiar bienes privados e introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego. Son reformas que apuntan directamente a reforzar la propiedad privada y reducir la discrecionalidad estatal. Capital busca reglas claras, y esas reglas están en el mismo texto que hoy no consigue mayoría.
El mercado ya votó sobre el costo de la incertidumbre jurídica en Argentina. Que un proyecto pro-inversión naufrague por presión corporativista y cálculo electoral no es una novedad local: es el patrón que aleja el capital productivo de economías que más lo necesitan. La soberanía territorial es un argumento legítimo; usarla para blindar la parálisis regulatoria es otra cosa.
