El sector marítimo de Panamá lanzó una advertencia directa: sin agua, no hay Canal; sin Canal, no hay logística. René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, recordó que la crisis hídrica de 2023 provocó afectaciones de entre el 20% y el 30% en los ingresos de las empresas del sector logístico marítimo. La cifra no es menor en una economía cuya arteria principal es el paso interoceánico.
Las señales operativas ya son visibles. Desde el 4 de septiembre, el Canal redujo sus tránsitos de 36 a 34 cruces diarios. A partir del 15 de septiembre, la capacidad bajará nuevamente, esta vez a 32 tránsitos por día. Cada reducción implica menos ingresos, menos empleo y menores contribuciones al Estado panameño, según advirtió el propio Gómez en el marco de la toma de posesión de Ilya Espino de Marotta como administradora del Canal.
El diagnóstico del gremio es contundente: Panamá acumula aproximadamente 15 años de retraso en infraestructura portuaria, según señaló Gómez citando a expertos internacionales. A ese déficit estructural se suma la dependencia del régimen de lluvias para mantener los niveles del lago Gatún, que alimenta las esclusas. El fenómeno de El Niño convierte esa dependencia en vulnerabilidad sistémica.
La solución que plantea la Cámara Marítima tiene tres ejes: garantizar la seguridad hídrica, modernizar la infraestructura portuaria y digitalizar garitas y aduanas. «Si queremos atraer más carga, tenemos que invertir en digitalización de nuestras garitas y de nuestras aduanas», afirmó Gómez, subrayando que las inversiones deben llegar a tiempo para evitar nuevas congestiones.
El mensaje al gobierno de Mulino es claro: la ventana competitiva de Panamá no es infinita. Otros corredores logísticos en la región observan cada restricción de tránsito como una oportunidad para capturar carga desviada.
Lectura editorial. El Canal de Panamá no es solo infraestructura pública: es el activo más rentable del Estado panameño y el ancla de toda la cadena logística privada que orbita a su alrededor. Cuando el agua escasea, el costo lo pagan primero las empresas —con caídas de ingresos del 20-30%— y después el contribuyente, con menores transferencias fiscales. La respuesta correcta no es regulación ni subsidio: es inversión en infraestructura hídrica y portuaria con reglas claras para el capital privado. Un país con 15 años de retraso en puertos no puede darse el lujo de esperar otro ciclo de El Niño para actuar.
