Cinco años después del anuncio que convirtió a El Salvador en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar, el saldo es mucho más modesto que la ambición inicial.
Hoy el dólar vuelve a ser la única divisa de curso legal en el país, la aceptación del bitcoin pasó a ser voluntaria y no existe la ciudad futurista impulsada por energía geotérmica que Bukele prometió levantar a los pies del volcán de Conchagua.
La apuesta arrancó en junio de 2021 con una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente, Nueva Ideas. La narrativa oficial era que la adopción del criptoactivo traería «prosperidad, libertad económica e inclusión financiera», además de abaratar las remesas, facilitar la incorporación al sistema financiero de quienes trabajan en la informalidad y atraer inversión extranjera.
Para poner en marcha el plan, el gobierno creó un fideicomiso de US$150 millones, entregó un incentivo de US$30 a cada ciudadano para descargar la billetera digital Chivo Wallet y destinó otros US$50 millones a la instalación de cajeros y demás logística.
Pero una de las primeras encuestas sobre la nueva política ya mostraba un rechazo importante. El 71% de los consultados por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) aseguró que el bitcoin no le estaba «beneficiando en nada en la economía familiar».
Ese desinterés coincidió con lo observado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, que en un informe de abril de 2022 recogió que la mayoría de quienes descargaron Chivo Wallet no volvió a usarla una vez gastado el «bono» ofrecido por el gobierno.
Mientras tanto, Bukele siguió comprando la criptomoneda con fondos públicos, pese a las advertencias de expertos sobre el alto riesgo al que quedaban expuestos los recursos de la nación por la volatilidad de un activo digital que perdió más del 60% de su valor en 2022.
En enero de 2023, la Asamblea aprobó la Ley de Emisión de Activos Digitales, con el objetivo de atraer capital extranjero. El gobierno sostuvo entonces que la norma allanaba el camino para los llamados «bonos volcán», un endeudamiento del país en bitcoin, con la mitad del dinero destinada a comprar más bitcoin y la otra mitad a financiar el inicio de Bitcoin City.
La pieza más ambiciosa de la apuesta también quedó en el terreno de las promesas. La ciudad no existe y el dólar recuperó su lugar exclusivo como moneda de curso legal.
Los números primero. La experiencia deja una señal clara para cualquier gobierno que quiera sustituir reglas de mercado por propaganda tecnológica: la adopción forzada no crea confianza, ni la emisión pública de incentivos garantiza uso real. Capital busca reglas claras.
En el fondo, el caso expone el costo de comprometer dinero de los contribuyentes en una apuesta de altísimo riesgo. Cuando el Estado convierte una innovación financiera en bandera política, el resultado depende menos de los discursos y más de si hay demanda auténtica, estabilidad y previsibilidad. El mercado ya votó.
