El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS) puso en marcha un programa piloto que permite obtener una cita de visa de no inmigrante en un plazo de diez días hábiles, a cambio de una tarifa adicional de US$750. El esquema opera actualmente en México —en la Embajada y todos los consulados de la Misión México— y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.
El costo total del trámite suma US$935: los US$185 de la tarifa MRV regular más los US$750 de aceleración. Ambos pagos son obligatorios y deben realizarse por separado. La tarifa de aceleración no es reembolsable ni transferible bajo ninguna circunstancia, y las citas asignadas no admiten cambios ni reprogramaciones. Perder el turno implica la pérdida total del dinero abonado.
El programa está dirigido exclusivamente a solicitantes de visa categoría B —turismo y negocios—. Para acceder, el interesado debe contar previamente con una cita estándar programada y los recibos de pago MRV vigentes. Una vez dentro del sistema, dispone de diez minutos para completar el pago y confirmar el turno acelerado.
Las oficinas participantes asignan un número limitado de plazas diarias. Quedan excluidos quienes califiquen para exención de entrevista por renovación, aunque los solicitantes con una petición de cita de emergencia regular denegada sí pueden acceder si cumplen los criterios de elegibilidad.
En grupos, cada integrante debe abonar individualmente la tarifa si desea la vía rápida. El sistema permite separar expedientes cuando solo algunos miembros del grupo requieren urgencia. Las opciones de entrega premium de documentos están disponibles sin costo adicional para quienes usen este esquema.
El DOS advierte con claridad: la cita acelerada únicamente garantiza una entrevista anticipada, no la aprobación del documento. Todos los solicitantes deben someterse al mismo proceso de evaluación y cumplir con los requisitos establecidos por la ley estadounidense.
Lectura editorial. El mecanismo revela una lógica de precios que el mercado entiende bien: quien valora más su tiempo paga por adelantarse en la fila, sin distorsionar el proceso de evaluación ni comprometer los estándares migratorios. Es una señal de que incluso dentro del aparato burocrático consular hay espacio para la eficiencia cuando se introducen incentivos de precio.
El riesgo, claro, es la percepción de inequidad: US$935 en total es una barrera real para solicitantes de menores ingresos. Pero el programa es voluntario y la alternativa gratuita sigue disponible. Capital busca reglas claras —y en este caso, también fechas claras.
