El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció este jueves aranceles a 60 países bajo la Sección 301(b) de la Ley de Comercio, argumentando que esas naciones no han adoptado ni aplicado de manera efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.
México queda incluido en el grupo que enfrentará un arancel del 10%. Según el comunicado de Greer, la falla en hacer cumplir esa prohibición ha supuesto «una carga o restricción para el comercio de Estados Unidos».
La escala de los gravámenes varía según el nivel de incumplimiento. Un segundo grupo —que incluye a la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza— recibirá aranceles de entre 10% y 12.5%, una vez deducido el tipo de nación más favorecida (NMF). Un tercer bloque de países, a los que Washington acusa de no haber establecido siquiera una prohibición formal a bienes producidos con trabajo forzoso, enfrentará un arancel de 12.5%.
El USTR señaló que, por instrucciones del presidente Donald Trump, existirán algunas excepciones, aunque los detalles completos de esa lista no fueron especificados en el comunicado publicado.
El timing del anuncio no es casual: la medida se divulgó horas antes de que venciera, a medianoche, el arancel global del 10% que Trump había impuesto previamente y que la Corte Suprema invalidó. La nueva acción busca sustento jurídico distinto —la Sección 301(b)— para sostener los gravámenes sobre una base legal más sólida.
Para México, el golpe llega en un momento de alta exposición. El comercio bilateral con Estados Unidos representa la columna vertebral de la economía exportadora mexicana, y cualquier encarecimiento sistemático del acceso al mercado estadounidense presiona márgenes, cadenas de suministro y flujo de inversión extranjera directa.
Lectura editorial. Washington ha encontrado un nuevo vector arancelario: ya no solo la reciprocidad comercial, sino el cumplimiento laboral. El argumento del trabajo forzado le otorga al ejecutivo estadounidense cobertura política y jurídica para mantener barreras que los tribunales habían comenzado a cuestionar. Para México, la señal es clara: el T-MEC no blindó al país de este tipo de instrumentos sectoriales, y la falta de músculo institucional para demostrar cumplimiento efectivo tiene un costo directo en competitividad. Capital busca reglas claras; la incertidumbre arancelaria recurrente es, en sí misma, un impuesto invisible sobre la inversión.
