El gobierno de Estados Unidos impondrá fianzas de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares a ciudadanos de aproximadamente 50 países que soliciten visados de turismo y negocios (B-1/B-2), según publicó el Departamento de Estado en el Registro Federal.
La medida amplía y formaliza una prueba piloto implementada en agosto del año pasado. Según la fuente, afecta principalmente a solicitantes de países de África occidental y oriental —entre ellos Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda— y a cuatro naciones del continente americano: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.
Los funcionarios consulares tendrán discreción para fijar el monto exacto exigido a cada postulante dentro de esa banda. Los fondos quedarán custodiados por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, organismos que reembolsarán el dinero una vez que el visitante abandone territorio estadounidense dentro del plazo autorizado.
El gobierno justificó la norma como un esfuerzo para frenar la inmigración no reglamentada en países cuyos nacionales suelen sobrepasar el tiempo de estancia permitido. El Departamento de Estado señaló que el programa ya ha generado impacto directo en el flujo de solicitudes durante su primer año de prueba, aunque la fuente no detalla cifras específicas al respecto.
Activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes cuestionaron la norma, según recoge la fuente. Según esos colectivos, las fianzas levantan una barrera económica desproporcionada para acceder a vías legales de ingreso y afectan de forma directa a ciudadanos de países en desarrollo.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el mecanismo de fianza —reembolsable al cumplir las condiciones de salida— responde a una lógica de incentivos que el mercado reconoce: quien tiene algo que perder, tiene un motivo para cumplir las reglas. La medida no cierra la puerta a la migración legal; la condiciona a una garantía financiera verificable. El debate real no es si el Estado puede exigir ese respaldo, sino si los montos fijados guardan proporción con la capacidad económica de los solicitantes de cada país incluido en la lista. Esa es la pregunta que los funcionarios consulares deberán responder caso a caso, con la discreción que la norma les otorga.
