El gobierno de Donald Trump prepara un arancel de 10% sobre exportaciones mexicanas bajo el argumento de que México no aplica con eficiencia su legislación contra el trabajo forzoso e infantil, ni impide el uso de insumos producidos en terceros países con mano de obra esclavizada. Así lo anticiparon abogados y expertos en comercio internacional consultados por El Universal.
El impuesto reemplazaría los aranceles «recíprocos» que la Casa Blanca eliminó por orden de la Suprema Corte de Estados Unidos y cuya tasa temporal vence el 23 de julio, según explicó el especialista en comercio exterior Jorge Molina, exnegociador del capítulo ambiental del TLCAN.
Riesgo regional, no individual
Adrián Castillo, socio de Von Wobeser y Sierra, advirtió que la medida podría castigar a regiones enteras en lugar de empresas específicas. «Si un agregado laboral estadounidense realiza una inspección en Uruapan y entre todos los aguacateros resulta que uno tiene sospechas de trabajo infantil o forzoso, bloquearían a toda la región, no a aguacates Ramírez o aguacates Rodríguez», ilustró.
Esa interpretación regional eleva el riesgo para sectores agroindustriales completos, aunque la infracción provenga de un solo actor.
El T-MEC como escudo parcial
La economista en jefe de México ¿Cómo Vamos?, Adriana García, señaló que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ampara el libre tránsito de bienes no producidos con trabajo forzoso. Se estima que los productos que cumplan las reglas del T-MEC —aproximadamente 85% de las exportaciones mexicanas— quedarían exentos del nuevo arancel, aunque los detalles oficiales se conocerán el viernes.
Desde octubre de 2025, México modificó mecanismos y abrió ventanillas para otorgar certificaciones a empresas y agronegocios libres de trabajo forzoso. Sin embargo, Castillo advirtió que «todo dependerá de las negociaciones de México y Estados Unidos», y que eventuales cambios al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC serían necesarios para blindar a los exportadores.
El Representante Comercial de EE.UU., Jamieson Greer, se encuentra esta semana en México para la tercera ronda bilateral de negociaciones. García señaló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, debe negociar con Greer exenciones o la no aplicación del nuevo arancel.
Molina subrayó que el arancel de trabajo forzoso dejaría a México en desventaja frente a países a los que no se les aplicaría ese impuesto.
Lectura editorial
Los números hablan solos: si el 15% restante de las exportaciones mexicanas queda expuesto al arancel de 10%, el costo recaerá sobre productores, empleados y, en última instancia, sobre el consumidor final a ambos lados de la frontera. El libre comercio no se defiende con certificados de papel sino con instituciones que hagan cumplir la ley laboral de forma creíble y verificable.
México lleva años con un aparato de inspección laboral insuficiente. La consecuencia es que hoy el país negocia bajo presión, cediendo margen y soberanía comercial. Capital busca reglas claras: mientras la certidumbre jurídica y laboral siga siendo frágil, la inversión pagará la prima de riesgo que el Estado no supo eliminar.
