La Fiscalía estadounidense presentó una acusación formal en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la que describe presuntas operaciones con petróleo ilegal y minas de oro.
Según el expediente conocido por SEMANA, los señalamientos apuntan a que esos recursos habrían beneficiado a las Farc en el marco de una supuesta alianza vinculada con el tráfico internacional de cocaína.
El documento sostiene que, después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro habría asumido compromisos económicos con la guerrilla colombiana derivados de una presunta deuda relacionada con actividades de narcotráfico. Para responder a esas obligaciones, los investigadores estadounidenses afirman que el dirigente venezolano habría acordado vender petróleo ilegalmente a las Farc.
De acuerdo con la acusación, esas operaciones petroleras se habrían mantenido aproximadamente hasta 2015. El escrito no precisa el valor de las transacciones ni la cantidad de petróleo comercializado.
La Fiscalía también señala que Maduro habría facilitado la comercialización de minas de oro a las Farc. El documento no especifica la ubicación de las minas mencionadas.
Además, la acusación sostiene que Maduro era consciente de que estos acuerdos podían proporcionar recursos para que la guerrilla continuara su confrontación armada contra el Estado colombiano.
Los señalamientos no se limitan a las Farc. En otro apartado, la Fiscalía estadounidense afirma que, aproximadamente en 2007, Cilia Flores habría ofrecido contratos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a grupos vinculados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el propósito de facilitar negociaciones con esa organización guerrillera colombiana.
La nueva presentación judicial, bajo la figura de Superseding Indictment, actualiza la acusación formal contra Maduro y Flores. Ambos también enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y conspiración para cometer torturas.
Por ahora, las operaciones económicas descritas corresponden a afirmaciones de la Fiscalía estadounidense y no a hechos establecidos mediante sentencia judicial. El proceso sigue ante la justicia federal de Nueva York.
Más allá del expediente, el caso vuelve a poner en el centro un punto elemental: cuando el poder político se mezcla con redes armadas y flujos opacos de recursos, el costo lo pagan las instituciones, la seguridad y el Estado de derecho. No se trata solo de una disputa judicial, sino de la presunta captura de activos estratégicos para financiar violencia.
Para los mercados y para cualquier economía seria, la señal es negativa. Donde hay petróleo, oro y contratos públicos usados como instrumentos de poder irregular, no hay reglas claras ni capitalización sostenible. El riesgo país no se mide solo en bonos: también se mide en la degradación del marco institucional que permite que estos señalamientos existan.
