La Fiscalía de Estados Unidos afirmó que Nicolás Maduro acordó en 2013 la entrega de material explosivo de las Fuerzas Armadas venezolanas a jefes de las FARC para cancelar deudas derivadas del narcotráfico, según consta en un expediente judicial.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo, el escrito sitúa el encuentro en un periodo posterior a la muerte de Hugo Chávez, ocurrida en marzo de 2013. En esa reunión, Maduro y Cilia Flores habrían conversado con Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.
Las autoridades judiciales no precisaron el lugar de la reunión ni la cifra exacta de la deuda. Sí dejaron asentado, según el expediente, que Maduro «acordó vender explosivos de las reservas militares venezolanas» al grupo insurgente para cubrir la obligación económica.
Los fiscales de la causa enfatizaron que el dirigente conocía el impacto que ese armamento tendría en el incremento de los ataques en territorio colombiano. El periodo señalado coincide con las conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla en La Habana, mientras la organización rebelde mantenía su estructura militar activa y realizaba acciones ofensivas en diversas zonas del país.
El dato central no es solo la acusación penal, sino el deterioro institucional que describe: una presunta combinación entre poder político, recursos militares y redes criminales. Cuando el aparato estatal se mezcla con economías ilícitas, el riesgo país deja de ser una variable financiera y pasa a ser un problema de gobernabilidad.
Para el mercado y para cualquier economía que aspire a reglas claras, este tipo de expedientes son una advertencia severa. La capitalización, la inversión y el flujo de recursos dependen de la seguridad jurídica; sin ella, manda la incertidumbre. Y la incertidumbre, en este caso, nace de un Estado señalado por usar sus propios activos en una transacción de alto riesgo.
